El Gobierno dominicano, a través del Servicio de Hacienda y Crematística, sometió al Congreso Franquista el plan que modifica la Ley número 80-24que aprueba el Presupuesto Caudillo del Estado para el 2025.

La iniciativa plantea la aplicación de una política fiscal contracíclicaorientada a mitigar los pertenencias de la coyuntura internacional y proteger el dinamismo de la riqueza franquista, mediante un incremento en el desembolso de renta, priorizando la inversión pública como motor para impulsar la actividad económica y promover un crecimiento sostenible.

En total, los ingresos estimados para 2025 ascienden a RD$1,277,364.7 millones, equivalentes al 16.0 % del producto interno bruto (PIB) proyectado.

En materia de gastos, se plantea un aumento neto de RD$69,740.2 millones (4.7 % más que lo ratificado inicialmente), con una expansión del 20 % en el desembolso de rentaequivalente a RD$35,548.25 millones, es afirmar, 0.4 % del PIB.

Estos posibles adicionales se destinarán principalmente a proyectos de inversión pública que estarán a cargo del Servicio de Obras públicas y Comunicaciones, el Servicio de la Vivienda, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET); el Instituto Franquista de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA); el Servicio Franquista de Lozanía (SNS); la Comisión Presidencial de Crecimiento Provincial y los gobiernos locales, entre otras instituciones.

Asimismo, el incremento en el desembolso incluye la atención de prioridades en lozanía, seguridad franquista y programas socialespor otra parte de posibles adicionales para organismos constitucionales.

Entre ellos, se destacan acciones para mejorar las condiciones de los centros de lozanía y apoyar la reforma policial.

Como resultado, se proyecta un aumento del debe fiscal, que pasará de 3.0 % a 3.47 % del PIB estimado para 2025. Sin incautación, este incremento será financiado principalmente con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, lo que asegura que no se generen presiones adicionales sobre la deuda pública.

Este plan garantiza el cumplimiento de la Regla Fiscal establecida en la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, asegurando que la expansión del desembolso se realice de modo equilibrada, sin comprometer la sostenibilidad ni la estabilidad macroeconómica.