Santo Domingo.– En presencia de un aumento en la demanda de energía que supera los 3,850 megavatios, el gobierno se ve en la aprieto de aumentar la capacidad de instalación de coexistentes energética.

El presidente Luis Abinader emitió un decreto que declara de emergencia franquista las compras y contrataciones de intereses, servicios y obras destinadas a incrementar la capacidad de coexistentes eléctrica, suplir la demanda del Sistema Eléctrico Franquista Interconectado (SENI), atender la demanda de los Usuarios No Regulados y dominar las pérdidas técnicas y no técnicas de las empresas distribuidoras.

Así indica el decreto 517-25, el cual señala que entre los motivos para emitir esa disposición de emergencia se encuentra que el país podría estar en peligro inminente de dita en la capacidad de coexistentes para atestar la demanda máxima a corto y mediano plazo, principalmente por el retraso en la implementación de proyectos claves de nueva coexistentes.

La declaratoria de emergencia tendrá una duración de doce meses a partir de la entrada en vigor del decreto y solo podrá ser prorrogada mediante una nueva disposición presidencial.

De acuerdo con datos suministrados por la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Franquista de Energía y el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Franquista Interconectado al Poder Ejecutante, de no adoptarse medidas urgentes para incorporar nuevas capacidades de coexistentes pública y privada, la propuesta de energía resultaría insuficiente y comprometería la continuidad y seguridad del servicio eléctrico a la población y sectores productivos.

El decreto, firmado el pasado ocho de este mes, autoriza la expansión de la capacidad de coexistentes eléctrica mediante nuevas unidades térmicas de respuesta rápida, que estarán a cargo de las tres empresas distribuidoras de energía, Edesur, Edenorte y Edeeste, y de la Empresa de Vivientes Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) y la Empresa de Vivientes Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

Incluso el mandato dispone la instalación de plataformas de almacenamiento de energía eléctrica independientes o bancos de baterías, así como la operación de equipos, repuestos y materiales destinados a la distribución, transformación, medición y cobro de la energía.

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En ese sentido, el documento explica que entre el 2020 y el 2022 varios factores incidieron en el retraso de las inversiones en el sector eléctrico, y cita la pandemia del Covid-19 y el conflicto guerrero entre Rusia y Ucrania.

Encima, se contempla la contratación de trabajos de consultoría, consultorio, presencia técnica, servicios jurídicos, diseños, observación financieros, estudios técnicos de ingeniería, geodinámica o impacto ambiental, necesarios para la ejecución de los procesos de emergencia.

El documento oficial establece que las instituciones involucradas deberán administrar las contrataciones a través del Portal Transaccional de la Dirección Normal de Contrataciones Públicas y rendir informes detallados a la Contraloría Normal de la República y a la Cámara de Cuentas.

Añade que los crónica deben ser publicado en sus portales institucionales y en el propio Portal Transaccional en el interior de los quince días posteriores a la satisfacción de la carestia.

Incluso designa al Aposento Eléctrico como instancia de coordinación y supervisión de la aplicación del decreto, con la responsabilidad de rendir informes al Poder Ejecutante y a los órganos de control del Estado.

CUED defiende operación de emergencia
Operación. El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) aclaró que el objetivo del decreto no es obviar los requisitos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, sino aligerar los procesos administrativos con el fin de ejecutar en pequeño tiempo las inversiones necesarias que garanticen un servicio eléctrico más válido y confiable.

Aseguró que todos los procesos derivados del decreto se ejecutarán bajo estrictos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.