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El Gobierno dominicano emitió su posición respecto al comunicado publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 6 de febrero de 2026, sobre las políticas migratorias adoptadas por el país.
En su respuesta, el Estado afirma que mantiene su compromiso con la protección de los derechos humanosal mismo tiempo que asegura el cumplimiento de su situación legítimo interno en materia migratoria.
El gobierno señaló que el engendro migratorio debe analizarse desde una perspectiva regionaloportuno a la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití, que ha generado un flujo migratorio sostenido con destino a el país. Destacó que República Dominicana ha asumido, durante décadas, una carga desproporcionada frente a esta situación.
Asimismo, recordó que, en control de su soberaníael Estado tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas, conforme a la Constituciónla reglamento franquista y los estándares internacionales de derechos humanos.
El comunicado subraya que las medidas adoptadas buscan administrar de modo ordenada un flujo migratorio extraordinario, evitando impactos negativos en la cohesión social y en los servicios públicos.
Por esta razón, el Gobierno rechazó el llamado de la CIDH a aplicar el principio de no devolución de modo militar, argumentando que esto implicaría aceptar la entrada de cualquier ciudadano haitiano que desee ingresar de forma irregular al país.
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En su comunicadoel Estado afirma:
“República Dominicana toma nota del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado ayer, relativo a las políticas migratorias adoptadas por el Estado. En ese contexto, fija su posición de modo clara y responsablereafirmando su compromiso histórico con la protección de los derechos humanos y, simultáneamente, con el cumplimiento cierto de su situación legítimo interno”.
El gobierno señaló que el engendro migratorio debe analizarse desde una perspectiva regional, oportuno a la crisis política, de seguridad y humanitaria en Haitíque ha generado un flujo sostenido con destino a el país. Según el comunicado:
“La prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití ha generado una presión migratoria sostenida y magnífico. Durante décadas, el Estado dominicano ha asumido, con sentido de solidaridad y responsabilidad humana, una carga desproporcionada frente a una crisis que trasciende sus fronteras”.
En cuanto a la soberanía del país, el Gobierno recordó:
“En control de su soberanía, República Dominicana tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su región. Esta potestad no es discrecional ni arbitraria: se ejerce conforme a la Constituciónla reglamento franquista y los estándares internacionales de derechos humanos. Como ha obligado reiteradamente el propio sistema interamericano, la cátedra de fijar políticas migratorias constituye un atributo esencial de la soberanía estatal”.
El comunicado incluso subraya que las medidas adoptadas buscan administrar de modo ordenada un flujo migratorio extraordinario:
“Las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano responden a la escazes legítima de administrar de modo ordenada un flujo migratorio extraordinario para evitar el impacto gafe que éste genera sobre la cohesión social y sobre el desembolso en servicios públicos. Ningún Estado puede ser obligado a contraer la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado delante el colapso del segundo”.
Finalmente, sobre la aplicación del principio de no devolución, el Gobierno aclaró:
“Rechazamos el llamado de la Comisión a la aplicación del principio de no devolución de modo militar a todo migrante en condición migratoria irregular, pues lo mismo equivaldría a atañer al Estado dominicano a aceptar a todo ciudadano haitiano que desee ingresar, aún irregularmente, a nuestro región”.
