Santo Domingo.– El Gobierno, a través del Empleo de Relaciones Exteriores (Mirex)defendió el reforzamiento de su política migratoria frente a la migración irregular, especialmente de nacionales haitianos, y reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos y el cumplimiento del situación reglamentario vivo en la materia.

Mediante un comunicado, el Estado fijó posición en presencia de el flamante pronunciamiento emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)que cuestionó las medidas adoptadas por las autoridades dominicanas para controlar la migración irregularentre ellas la implementación de un protocolo para regular la afluencia de parturientas haitianas indocumentadas en los hospitales públicos, con el objetivo de mitigar el impacto presupuestario de los partos.

“República Dominicana tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su región”recordó el Gobierno en el documento, en el que reiteró que dicha potestad no es discrecional ni arbitraria, ya que se ejerce conforme a la Constituciónla fuero doméstico y los estándares internacionales de derechos humanos.

En ese sentido, subrayó que el engendro migratorio que enfrenta el país debe analizarse desde una perspectiva regional, adecuado a la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria que atraviesa Haitíla cual ha generado una presión migratoria “sostenida y estupendo” sobre el región dominicano.

El Estado reiteró que, durante décadas, República Dominicana ha asumido una carga desproporcionada frente a la crisis haitianaactuando con solidaridad y responsabilidad humana en presencia de una situación que, afirma, trasciende sus fronteras y capacidades.

Explicó que las medidas migratorias adoptadas buscan dirigir de guisa ordenada un flujo migratorio extraordinariocon el objetivo de evitar impactos negativos sobre la cohesión social y el consumición en servicios públicos.

En ese orden, expresó su rechazo al llamado de la CIDH a aplicar de guisa caudillo el principio de no devolución a todas las personas en condición migratoria irregular, al considerar que esto equivaldría a apremiar al país a aceptar el ingreso irrestricto de ciudadanos haitianos, incluso de forma irregular.

“Ningún Estado puede ser obligado a hacerse cargo la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado en presencia de el colapso del segundo”enfatizó en el comunicado oficial.

Trato retrete y condiciones en centros migratorios

En materia de lozaníalas autoridades reiteraron que ninguna persona es privada de atención médica de necesidad por razones de status migratorio. Respecto a los protocolos de coordinación entre autoridades sanitarias y migratorias, indicaron que estos buscan ordenar la prestación de servicios en un contexto de ingreso demanda, con peculiar protección para mujeres embarazadas, niños y pacientes con condiciones especiales.

Asimismo, el Gobierno informó que en los centros de procesamiento migratorio se han realizado mejoras progresivas en infraestructura, condiciones sanitarias y atención médica básica, acompañadas de mecanismos de supervisión interna y coordinación institucional.

Datos oficiales y cooperación internacional

El Estado dominicano, a través del Mirex, incluso expresó preocupación por lo que considera una priorización de alegaciones no verificadas en el comunicado emitido por la CIDH, por encima de la información oficial suministrada por las autoridades nacionales.

No obstante, reiteró su disposición a un intercambio técnico y transparente de datosinsistiendo en que toda evaluación debe considerar fuentes contrastables y el contexto regional.

“No existe una decisión dominicana a la crisis haitiana. República Dominicana continuará abogando activamente en los foros multilaterales por una entusiasmo internacional efectiva, solidaria y corresponsable”, apuntó.

Finalmente, el Gobierno reiteró su voluntad de profundizar la cooperación técnica con la CIDH, sobre la saco del respeto mutuo y la buena fe, y reafirmó su llamado a una respuesta internacional efectiva, solidaria y corresponsable frente a la crisis haitiana.