Luego de varias reuniones y sesiones de trabajo, comunitarios de Cotuí y la empresa minera Barrick Pueblo Antiguo firmaron un acuerdo cariñoso, satisfactorio y definitivo para resolver los temas pendientes relacionados con el reasentamiento vinculado a la expansión de la mina Pueblo Antiguo, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez.

El consenso se logró con la intermediación del Gobierno dominicano, representado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; la Iglesia Católica, a través del prelado de La Vega, monseñor Tomás Morel Diplán; y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, en representación de las comunidades.

La inversión estimada en el esquema de reasentamiento supera los RD$20 mil millones. El plan contempla la provisión de viviendas dignas y adecuadas para cada comunidad, conforme al censo realizado, así como acercamiento a servicios básicos esenciales como agua potable, saneamiento, electricidad, lozanía, educación (primaria y secundaria), instalaciones deportivas (cancha mixta y campo de béisbol), y vías de acercamiento. Todavía se incluyen planes de restauración de medios de vida y actividades productivas para las familias afectadas.

El acuerdo establece nuevos títulos de reposición para seis cultivos, definidos en una matriz de precios, así como los montos de compensación a sufragar por cada tarea de tierra.

Desde sus inicios, el esquema consideró un software de soporte psicosocial, que incluye comitiva personalizado a los hogares afectados con profesionales en psicología. Este componente averiguación predisponer y diligenciar dificultades, y dar seguimiento a los planes de vida familiares.

Asimismo, se incluyó un software de concepción de ingresos y educación financiera, con comitiva técnico en el diseño e implementación de actividades económicas; un plan de fortalecimiento educativo para resumir el rezago escolar; un software de alfabetización; y un software de convivencia para fomentar la integración entre los hogares reasentados y las comunidades receptoras.

Plan de viviendas e infraestructura

Con relación al plan habitacional, el Estado y Barrick Pueblo Antiguo garantizaron soluciones habitacionales dignas y adecuadas a cada comunidad, de acuerdo con el censo realizado.

Adicionalmente, el Estado acordó la construcción de una Dispositivo de Atención Primaria, un politécnico, un destacamento policial, un mercado y un cementerio municipal en la nueva comunidad de destino. Todavía se comprometió a poner en funcionamiento una estancia de niño y a mejorar el tramo carretero Cotuí–Nuevos Horizontes.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, expresó: “La firma de este acuerdo entre las comunidades mineras de Cotuí y Barrick Pueblo Antiguo representa un paso trascendental alrededor de una minería inclusiva y respetuosa de los derechos comunitarios. Esta etapa marca el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre el avance minero y el bienestar de las personas que habitan estos territorios, reafirmando que sí es posible avanzar con responsabilidad social, diálogo y respeto mutuo”.

Santos asimismo valoró el papel de la Iglesia Católica y del Defensor del Pueblo: “Este acuerdo es asimismo el resultado de un llamado al diálogo que hicimos con la firme convicción de que los conflictos pueden transformarse en oportunidades cuando se prioriza la audición activa y la búsqueda de consensos”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que el acuerdo forma parte de un proceso evolutivo y de estudios: “Este momento inicia una transición que continuará, independientemente de que en el arreglo hay plazos. Nos hemos comprometido, tanto la Iglesia Católica como el Defensor del Pueblo, a dar un comitiva para que sea un proceso continuo en otras dimensiones”.

Todavía agradeció a los representantes de las comunidades, al Estado y al Senado de la República, reiterando su compromiso con la aval de los derechos de todos y todas.

La presidenta de Barrick Pueblo Antiguo, Juana Barceló, explicó que el software de reasentamiento fue construido desde el inicio sobre la saco de la billete continua de las partes interesadas, y se definieron aspectos esencia como una matriz de compensación alineada con la reglamento dominicana y los estándares de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

En tanto, Martín Guzmán, representante de los comunitarios, valoró positivamente el acuerdo: “Estamos en el punto final de una negociación y hemos sacado lo mejor que se ha podido”.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; el corregidor del municipio de Bonao, Eberto Antonio Núñez; y el director universal de Minería, Rolando Muñoz.