Para 2026, el Gobierno gestionará un presupuesto estatal con una reducción de entre el 0,1% y el 27% de los fondos asignados a las instituciones centrales del Estado.
Aunque el Ley de Presupuesto Militar de la Nación para el próximo año contempla una estimación de 1 billón 622.833,4 millones de pesos (1,9% más de lo inicialmente previsto para 2025), representa una reducción del 3% respecto del presupuesto flagrante para este año 2025, que contiene las modificaciones aprobadas en septiembre pasado, según datos del Empleo de Hacienda.
Entre los compromisos financieros de los poderes del Estado y de los órganos extrapoderes, 16 instituciones públicas tendrán una disminución presupuestaria respecto al presupuesto flagrante, mientras que 12 partidas fueron aumentadas.
Las instituciones que registraron aumentos en el presupuesto 2026 presentan variaciones que van del 0,01 al 75,4%.
El que más creció es el Empleo de Energía y Minasque pasó de 6.039,9 a 10.596,2 millones de pesos. El Gobierno planea destinar bienes el próximo año para proyectos de coexistentes hidroeléctrica, termoeléctrica y nuclear, así como para iniciativas de conservación y uso sustentable de fuentes de energía, y para reforzar la capacidad institucional y las agencias reguladoras.
A Energía y Minas le siguen los Ministerios de Deportes y Expansión y el Empleo de Turismo (Mitur), que reportan aumentos de 45,6% y 18%, respectivamente, en sus presupuestos institucionales, según Diario Exento.
La Dependencia de Deuda Pública y Activos Financieros aumentó su asignación en un 11%, mientras que la Dependencia de Obligaciones del Reservas Doméstico la redujo en un 5,5%. Sólo dos instituciones permanecieron sin cambios: el Senado de la República y el Poder Legislativo.
Los cambios se dan en el contexto de las reformas institucionales que comenzarán a implementarse a partir de 2026, especialmente en el Poder Ejecutante.
El próximo año comenzará a funcionar el Empleo de Ecuanimidad, que agrupará las responsabilidades del Gobierno central en materia administrativa y de gobierno del sistema legislativo, incluida la oficina penitenciaria, la subsidio científica forense a los tribunales y la gobierno de actas notariales y documentos oficiales, para descongestionar el Empleo Sabido.





