Generales y coroneles imputados en el caso de corrupción Coral-Coral 5G podrían terminar en bancarrota  y sin viviendas, en el caso de que los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Doméstico acojan la denuncia que les hace el Servicio Sabido, de suceder construido sus hogares en solares comprados con los más de los 4 mil 500 millones de pesos estafados  al Estado dominicano.

En la audiencia de ayer fue incorporado el peritaje financiero número 69, cuidado por un perito de auditoría forense del Instituto Doméstico de Ciencias Forenses (Inacif), quien explicó que el descomposición evidenció un patrón de tráfico de fondos entre empresas, cuentas personales de los acusados y personas vinculadas a la estructura.

Peritaje financiero revela tráfico de fondos entre acusados y empresas relacionadas

En su declaración, el práctico indicó que, a través de la empresa Único Actual State e Inversiones, se adquirieron 10 solares en el sector Colinas del Oeste, en los que luego se construyeron las viviendas de los generales Abandonado Benoni Cáceres Silvestre y Boanerges Reyes Batista, así como del coronel Franklin Antonio Mata Flores.

Te recomendamos ojear: Casos de corrupción de exfuncionarios irían a agonía penal

Del tribunal acoger dicho declaración, podría ordenar el incautación de los citados acervo, en provecho del Estado, lo que prácticamente los dejaría sin viviendas.

Se documentan movimientos irregulares en una red de lavado de activos y corrupción

En la  audiencia, el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentó el declaración de la perito de la Cámara de Cuentas encargada de la fiscalización del patrimonio de Greybby Cuello Acosta, esposa del genérico de hueste Juan Carlos Torres Robiou, uno de los principales acusados en el expediente.

El noticia todavía documenta movimientos financieros irregulares relacionados con la Asociación Campesina Mama Tierra y otras entidades corporativas utilizadas para el manejo de fondos ilícitos, en lo que el entraña acusador califica como una compleja red de lavado de activos y corrupción administrativa.