El AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo.

La anunciada fusión del Tarea de Educación (MINERD) con el Tarea de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) no puede presentarse como una verdadera reforma del Estado, y mucho menos, como una propuesta de modernización y eficiencia administrativa.

Es, en sinceridad, una atrevimiento apresurada, carente de sustento técnico y jurídicamente cuestionable, que amenaza con debilitar aún más un sistema educativo que ya enfrenta enormes desafíos.

Más allá del discurso oficial, esta fusión nace viciada desde su origen. La Ley Orgánica de la Establecimiento Pública, No. 247-12, establece con claridad que cualquier proceso de creación de nuevo organismo u entraña funcionario debe estar precedido de un ¨estudio previo del impacto de su creación en la racionalidad, efectividad y eficiencia administrativa en el sector¨

No se proxenetismo de simples formalidades burocráticas, sino de garantías mínimas para proteger la racionalidad del Estado y la calidad de los servicios públicos. En este caso, esos estudios no han sido presentados, lo que coloca la atrevimiento en un demarcación de evidente fragilidad admitido.

Esta omisión constituye una violación directa de la ley. Ningún poder tiene destreza para reorganizar el Estado según conveniencias políticas o narrativas de ocasión. La ley Orgánica de Establecimiento Pública existe precisamente para evitar decisiones discrecionales, muchas veces arbitrarias, que pudieran debilitar la institucionalidad pública.

La educación preuniversitaria y la educación superior responden a lógicas, objetivos y marcos normativos distintos. Forzar su integración administrativa abre la puerta a una peligrosa mezcla de competencias, duplicidad de funciones, choques burocráticos y una inquietante descuido de coherencia y coordinación institucional.

La consecuencia inmediata será el desorden: cruce de atribuciones, retrasos en la toma de decisiones, pérdida de especialización técnica y una coordinación deficiente. En empleo de proteger la rectoría del sistema educativo, se le debilita; en empleo de mejorar la eficiencia, se profundiza la confusión.

Siquiera resulta verosímil el argumento del hucha. En la experiencia, las fusiones ministeriales no reducen la paga pública ni el desembolso corriente; los empleados son reubicados y las estructuras se reproducen bajo nuevos nombres. Pretender lo contrario es desconocer cómo funciona el maquinaria estatal dominicano.

El Estado no se hace más valioso por leyes ni decreto, y mucho menos cuando se actúa sin planificación ni evaluación de impacto.

Pero el problema más oneroso no es sólo funcionario, es, encima, político e institucional. Cuando se decide reorganizar el maquinaria estatal ignorando su propia Ley Orgánica, se envía un mensaje peligroso: que la licitud es secundaria frente a la conveniencia política o la propaganda de turno.

Ese precedente erosiona la confianza ciudadana y debilita el Estado de derecho.

La educación no admite improvisaciones ni experimentos administrativos. Cada atrevimiento mal pensada tiene consecuencias directas sobre la calidad del servicio, la gobernanza del sistema y, en última instancia, sobre el futuro de miles de estudiantes y docentes.

Restaurar el Estado no es mover organigramas, sino proteger instituciones, respetar la ley y comportarse con responsabilidad técnica.

Sin estudios previos, sin planificación y sin un debate conocido serio, esta fusión no representa un avance, más perfectamente, representa un retroceso institucional que el país no debería aceptar como poco ordinario.

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