Santo Domingo. – El partido Fuerza del Pueblo (FP), a través de su secretario de Asuntos Internacionales, Manolo Pichardo, rechazó con firmeza las recientes declaraciones de autoridades haitianas que acusan a la República Dominicana de promover actitudes xenofóbicas con destino a los ciudadanos del vecino país.

Pichardo, quien igualmente presidió el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), calificó estas afirmaciones como “injustas y desconsideradas”, argumentando que ningún otro país ha demostrado tanta solidaridad y tolerancia con destino a la población haitiana como lo ha hecho la República Dominicana.

Aseguró, adicionalmente, que no hay cero más aparente que clasificar a nuestro país de racista: “Porque la República Dominicana es el país más solidario con el hermano pueblo haitiano. Nosotros los tenemos en la industria de la construcción, ocupando más del 90 % de los empleos; en el sector agropecuario, más del 80 %; y en el sector hotelero, en una proporción enorme. Consumen parte de nuestro presupuesto en lozanía, en educación, y igualmente trabajan en nuestros hogares”, expresó.

El dirigente político recordó que el país ha auxiliado a Haití en momentos de tragedia y crisis humanitaria, actuando con una liberalidad que no ha sido reconocida ni valorada por la comunidad internacional.

Asimismo, comparó la postura dominicana con las medidas adoptadas por otras naciones desarrolladas, a las que según dijo, no se les exige el mismo típico.

“Estados Unidos, por ejemplo, sacó migrantes haitianos cazándolos como en los peores tiempos de la esclavitud, con lazos y caballos. Nadie los condenó. Pero sí condenan a la República Dominicana, que es un país en vías de mejora, con sus propios problemas y limitaciones”, sostuvo.

Pichardo enfatizó que aplicar la ley migratoria doméstico no constituye racismo, sino un acto seguro de soberanía. Aseguró que el Estado dominicano tiene el derecho y el deber de regular la presencia de extranjeros en su demarcación, siempre respetando los derechos humanos.

“Nuestra condición no nos permite perdurar una cantidad desproporcionada de ciudadanos indocumentados. Tenemos que aplicar nuestras leyes, como lo hace cualquier nación responsable”, concluyó.