El Pregonero, Santo Domingo.- El Frente Amplio rechazó la Sentencia TC/1774/25, emitida por el Tribunal Constitucional, al considerarla inconstitucional y contraria al principio de transparencia, al excluir a las Administradoras de Riesgos de Sanidad (ARS) privadas de la aplicación de la Ley Militar núm. 200-04, de Excarcelado Comunicación a la Información Pública.

La ordenamiento política afirmó que dicha audacia debilita gravemente el derecho fundamental de acercamiento a la información, consagrado en la Constitución, y favorece la opacidad en un sector que gestiona un servicio manifiesto esencial como es la salubridad, financiado mediante cotizaciones obligatorias establecidas por ley.

“El Tribunal Constitucional adopta una interpretación formalista y restrictiva, reduciendo el concepto de fondos públicos exclusivamente a los posibles consignados en el Presupuesto Militar del Estado, ignorando que las ARS administran posibles de la seguridad social de carácter obligatorio, destinados a avalar el derecho fundamental a la salubridad de millones de dominicanos y dominicanas”, expresó el Frente Amplio.

El FA advirtió que, aunque las ARS tengan naturaleza privada, ejercen funciones de interés caudillo, operan bajo autorización estatal previa y están sometidas a una regulación intensa, por lo que no pueden ser equiparadas a simples empresas privadas ordinarias, ni proyectar exentas del cómputo ciudadano.

Asimismo, cuestionó que el Tribunal pretenda sustituir el derecho directo de la ciudadanía a la información por un control indirecto a través de la SISALRIL, señalando que la supervisión administrativa no reemplaza el derecho constitucional a la transparencia, ni garantiza el control social efectivo sobre entidades que manejan posibles de parada impacto manifiesto.

Destacó como contradictorio que el propio Tribunal reconozca que el SeNaSa sí está sujeto a la Ley 200-04 por cuidar fondos públicos, mientras excluye a las ARS privadas, creando una peligrosa desigualdad de transparencia en el interior del mismo sistema de salubridad.

Finalmente, el partido verde y amarillo hizo un llamado a los sectores sociales, académicos y políticos a impulsar una reforma procesal y constitucional que garantice la transparencia plena en el sistema de seguridad social, y advirtió que decisiones como esta erosionan la confianza pública, favorecen la impunidad administrativa y debilitan el control tolerante sobre servicios esenciales.

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