
Durante el “Foro sobre la Prevención de Estafas Inmobiliarias”, celebrado en el auditorium de la escuela Juan Pablo Duarte, en el sector de Washington HeightsManhattan, el doctor Robinson Cuello Shalatte advirtió sobre la privación de desempeñarse con cautela frente a propuestas inmobiliarias que ejercen presión para tomar decisiones rápidas o que se presentan como “demasiado buenas para ser ciertas”.
El doctor Cuello Shanlatte enfatizó la urgente privación de establecer mecanismos de seguro en los proyectos inmobiliarios en ampliación, como la implementación de fianzas de fiel cumplimiento y el fomento del fideicomiso como maniquí judicial estructural para consolidar la transparencia Y protección de las inversiones.
El evento fue organizado por el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, en coordinación con el Consulado Dominicano en Nueva Yorky contó con la décimo de instituciones secreto como el Ocupación de Relaciones Exteriores (MIREX), el Ocupación de Vivienda y Edificaciones (MIVED) y la Procuraduría Caudillo de la República (PGR).
Además estuvieron presentes entidades como la Dirección Caudillo de Impuestos Internos (DGII), el Registro Inmobiliario, el Instituto Franquista de Protección de los Derechos del Consumidor (Consumidor pro), la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Asociación de Fiduciarias Dominicanas (Asofidom), entre otras.
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Durante su intervención, Cuello Shanlatte hizo un llamado a proteger el régimen de responsabilidad de los agentes inmobiliarios que promueven proyectos, exigiendo procesos de depuración y un decano control institucional sobre estos intermediarios.
Según el jurista y catedrático, estas medidas son esenciales para animar la confianza en el mercado, someter los riesgos de fraude, estafas y proteger a los inversionistas, especialmente a los dominicanos residentes en el extranjero.
El foro concluyó con un enérgico llamado a la acto dirigido a los legisladores, al Poder Jurídico y a los organismos reguladorespara que se priorice el establecimiento de políticas efectivas de prevención, fiscalización y penalidad contra quienes amenacen la seguridad del sector inmobiliario. De este modo, se averiguación fomentar un entorno de inversión transparente, responsable y confiable para la diáspora dominicana.