La Paz, Bolivia. — El expresidente Luis Arce enfrentará este viernes una audiencia crucial, en la que un magistrado definirá si es enviado a prisión preventiva o si se le concede arresto domiciliario, mientras avanza la investigación por presunta corrupción vinculada al manejo del Fondo Indígena. Así lo informó este jueves uno de los fiscales del caso.
El fiscal Miguel Carzoso declaró que pedirán la aislamiento preventiva del exmandatario (2020-2025) en un centro correccional para adolescentes sito en las suburbios de La Paz, alegando “aventura de fuga y obstaculización de la honradez”. No detalló los motivos por los que solicitarán su pedido a ese tipo de centro.
Arce fue detenido el miércoles y permanecerá una segunda incertidumbre en dependencias policiales. Se le investiga por supuesto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, correcto a que, según la Fiscalía, autorizó en 2015 —cuando era ministro de Capital de Evo Morales— el depósito de fondos del Fondo Indígena en cuentas particulares. Los delitos imputados podrían conllevar penas de hasta seis primaveras de prisión.
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El fiscal militar del Estado, Roger Mariaca, añadió que Arce no puede optar por un inteligencia de responsabilidades, ya que este solo aplica para ilícitos cometidos durante el adiestramiento presidencial.
Contexto de la detención
El exmandatario fue interceptado la víspera por agentes en una calle de La Paz, tras impartir clases en una universidad pública. Durante su interrogatorio en presencia de una comisión de fiscales, decidió no decidir y se acogió a su derecho constitucional al silencio.
La indagatoria sobre el manejo del Fondo Indígena fue reabierta tras la presentación al poder del centroderechista Rodrigo Paz, quien denunció que en los casi 20 primaveras de empresa de Morales y Arce “hubo un saqueo” de bienes públicos destinados a comunidades rurales e indígenas.
Aunque el daño financiero aún no ha sido determinado oficialmente, el ministro de Gobierno, Entorno Antonio Oviedo, afirmó que en el caso de Arce el supuesto desfalco supera los 51 millones de dólares. Señaló que, como presidente del directorio del Fondo Indígena, Arce autorizó desembolsos en torno a cuentas particulares.
Acusaciones y clima político
De acuerdo con el exsenador Óscar Ortízquien investigó las denuncias en 2015, los bienes habrían sido desviados para “comprar lealtades” de dirigentes sindicales e indígenas afines al partido oficialista en tiempos de campaña. “El efectivo no llegó a los sectores empobrecidos”, reiteró Oviedo.







