Si las autoridades no le ponen el cascabel al minino con relación a las frecuentes interrupciones de la docencia protagonizadas por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la mejoría en la calidad de la enseñanza será siempre una tarea irresoluto.

Así lo han obligado todos los sectores interesados en la estabilidad y mejoría del sistema educativo. Sin retención, las autoridades de Educación han sido timoratas a la hora de aplicar las leyes que garantizan la docencia y el orden en las escuelas.

Tras algunos paros al comenzar el año escolar, la Fundación Institucionalidad y Conciencia (Finjus) ha demandado la aplicación de un régimen de consecuencias frente a la inestabilidad del sistema educativo en detrimento de los estudiantes.

Encima de las interrupciones la entidad cita decisiones del agrupación que reducen los estándares de preparación y desempeño profesoral como un precedente peligroso que profundiza el destrucción del sistema educativo.

Con la advertencia hizo un llamado, que debe escucharse, para que se implementen mecanismos legales y constitucionales que armonicen el derecho a huelga con el derecho a la educación.

“La educación”, indicó Finjus, “no puede ser rehén de prácticas gremiales ni de concesiones que atenten contra su calidad”.

En tal sentido la entidad propuso que se condicionen los incentivos y beneficios docentes al cumplimiento del calendario escolar. Es obvio que el caos en los planteles tiene que enfrentarse.