Autonomía. Señaló que el esquema afecta principios fundamentales del derecho privado. Plan. Servio Tulio hizo recomendaciones

Santo Domingo.– La Fundación Institucionalidad y Conciencia (FINJUS) advirtió este martes que el esquema de Ley de Alquileres de Haberes Inmuebles y Desahucios, apto en primera ojeada por la Cámara de Diputadospodría transportar serias consecuencias negativas si no se introducen correcciones sustanciales antiguamente de su aprobación definitiva.

En un documento firmado por su vicepresidente ejecutor, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad señaló que el esquemaque será objeto de vistas públicas el próximo 3 de julio, afecta principios fundamentales del derecho privado, como la autonomía contractual, la seguridad jurídica y la operatividad del sistema legal.

Desliz de diferenciación entre tipos de alquileres

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Uno de los principales cuestionamientos de FINJUS es la abandono de un tratamiento diferenciado para los distintos tipos de arrendamientos.

La propuesta legislativa establece un mismo régimen para alquileres habitacionales, comerciales, industriales y turísticos, lo que, según la ordenamiento, podría restringir la sencillez contractual en sectores donde las partes tienen maduro capacidad de negociación.

“La reglamento aplicable a alquileres comerciales debe descansar principalmente en la autonomía de la voluntad, poliedro que estos contratos son firmados entre partes con diferente nivel de peligro”explicó FINJUS.

Por ello, recomendó que la ley se limite a los alquileres con fines habitacionalesdejando los contratos comerciales y turísticos bajo el régimen militar del Código Civil.

Restricciones a la autonomía contractual

FINJUS igualmente alertó sobre disposiciones que restringen la sencillez de las partes al negociar. Por ejemplo, el artículo 4 del esquema impone el uso anticipado del inmueblelimitando la posibilidad de que las partes acuerden autónomamente su destino.

Asimismo, el texto contempla un tope obligatorio para el reajuste del locación mediante un índice oficial, lo que, a razón de la fundación, podría desincentivar el locación formal y desajustar los contratos frente a la existencia económica.

La entidad consideró encima que algunas obligaciones impuestas al propietario, como la de ofrecer el inmueble en cesión al inquilino sin un pacto previo, son excesivas y otorgan derechos al alquilado sin almohadilla jurídica clara.

Ambigüedades y vacíos que generan inseguridad

La ordenamiento advirtió que el esquema presenta vacíos conceptuales y ambigüedades que podrían incrementar los litigios.

Citó como ejemplo el artículo 12, que menciona el “desgobierno” del inmueble sin definirlo, lo que abre espacio a interpretaciones conflictivas.

Además cuestionó que la terminación de un pacto con plazo fijo dependa de una denuncia expresa, contradiciendo el principio de cese cibernética al vencimiento si no hay prórroga.

Críticas al régimen procesal y ejecución de garantías

Desde el punto de panorama procesal, FINJUS criticó la diferenciación entre arrendamientos habitacionales y comerciales sin una motivo técnica, advirtiendo que esto podría difundir desigualdad delante la ley y maduro carga al sistema legal.

Asimismo, la fundación señaló la equivocación de regulación sobre la prelación de embargos y la ejecución de garantías, proponiendo un procedimiento uniforme que establezca reglas claras para evitar conflictos.

Llamado a revisión profunda y debate amplio

La ordenamiento concluyó su manifiesto reiterando su compromiso de colaborar en el proceso constitucional, aportando recomendaciones para obtener una regulación que proteja los derechos de los inquilinos sin afectar la estabilidad del mercado inmobiliario.

“Nuestro compromiso con la consolidación del Estado de Derecho y la seguridad jurídica nos obliga a insistir en que el contenido de esta ley sea revisado con detenimiento. Una código mal estructurada podría difundir más conflictos que soluciones en el ámbito de los arrendamientos”, enfatizó Castaños Guzmán.

El esquema de ley, impulsado como parte de los esfuerzos por modernizar las relaciones contractuales entre arrendadores e inquilinos, será revisado en vistas públicas convocadas por la Cámara de Diputados, donde diversos sectores tendrán la oportunidad de presentar sus observaciones.