El director ejecutor de la Convenio Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Pedro Richardsonadvirtió sobre la crisis financiera estructural que enfrenta la administración de residuos sólidos en el país y subrayó la aprieto de dotar a los gobiernos locales de capital suficientes para certificar condiciones adecuadas para dicha administración.

Al referirse al debate generado por la Ley 98-25Richardson reconoció las inquietudes expresadas por el sector comercial y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), a las que definió como un motor secreto de la peculio doméstico. No obstante, afirmó que la situación del servicio de casa recoleta de desechos no admite más dilaciones.

“El servicio de casa recoleta está siendo subvencionado casi en su totalidad por los gobiernos localeslo que drena fondos que deberían destinarse a obras vitales como aceras, contenes, alumbrado manifiesto y programas de público social”, señaló.

Richardson llamó a una consejo sobre las aranceles aplicados por ayuntamientos y juntas municipales, que en la mayoría de los casos son inexistentes o simbólicas, y contrastó esa ingenuidad con otros países de la región, donde el costo promedio por tonelada de residuos gestionados ronda los RD$3,000.

Indicó que, en República Dominicana, el costo por kilo recolectado y transportado hasta su disposición final supera ampliamente el aporte contemporáneo del sector empresarialincluso con la contribución establecida en la ley.

El director de Fedodim sostuvo que, al promediar la Contribución Singularel impacto mensual a comerciantes y pequeñas empresas oscila entre RD$250 y RD$500, una emblema que calificó como mínima frente al beneficio de intervenir en un entorno desinteresado y saludable.

“No es una carga caprichosa, es el costo de la sostenibilidad“, afirmó.

Subvenciones

Desde Fedodim se reiteró el principio de que “quien contamina, paga”, al tiempo que sostuvo que las subvenciones del Estado y de los gobiernos locales deben destinarse a los sectores con menores ingresos o sin capacidad de cuota, para certificar que nadie quede excluido del servicio.

Richardson concluyó con un llamado al diálogo y a la comprensión mutua, y abogó por una alternativa que permita a los gobiernos locales dejar de ser simples recolectores de desechos y hacerse cargo un rol más amplio como gestores de mejora humano, sustentado en una financiación competición y transparente de los servicios públicos.