DISTRITO NACIONAL. “Las leyes se aplican desde el momento en que son promulgadas”. Con esta frase del presidente Luis Abinader como telón de fondo, la Liga Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) ha decidido ocurrir del anuncio a la movimiento legislativo. Acompañada por 27 alcaldes distritales de todo el país, la entidad anunció el pasado miércoles una demanda contra el ministro de la Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, por un supuesto incumplimiento sistemático de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

La movimiento legislativo exige una indemnización de tres mil millones de pesos (RD$3,000,000,000) por daños y perjuicios, y se fundamenta en la supuesta violación al artículo 24 de la referida ley, así como al artículo 148 de la Constitución dominicana, que responsabiliza patrimonialmente a los funcionarios públicos por daños causados mediante actos u omisiones ilegales.

“NO HAY EXCUSAS PARA SEGUIR IGNORANDO LA LEY”

Durante una rueda de prensa, Pedro Richardson, director ejecutante de Fedodim, explicó que el artículo 24 de la Ley 368-22 otorga a todos los distritos municipales con una población superior a los 15,000 habitantes —según el Censo Doméstico de 2010— el derecho a resolver de forma autónoma el uso de suelo en su división, a través de oficinas técnicas de planeamiento urbano. Sin confiscación, Richardson denunció que el Profesión de la Vivienda ha evadido de forma reiterada este mandato justo, impidiendo que los distritos ejerzan esa competencia y estancando importantes desarrollos en varias zonas estratégicas del país.

“Desde hace más de tres abriles hemos sostenido reuniones directas con el ministro Bonilla, quien incluso se comprometió personalmente a aplicar la ley en 2023. Pero hemos enfrentado excusas dilatorias constantes: primero alegaron que no existía un reglamento; ahora simplemente ignoran los mandatos legales”, expresó.

UNA PARÁLISIS DE INVERSIONES MILLONARIAS

Para Fedodim, el daño va más allá del plano institucional. La inacción del MIVED ha paralizado proyectos millonarios, tanto locales como extranjeros, afectando gravemente la seguridad jurídica del país. Solo en el distrito municipal de La Otra Lado (provincia La Altagracia), hay un tesina urbanístico valorado en 4,000 millones de euros completamente detenido. En Verón-Punta Cana —una de las zonas más dinámicas del Caribe—, hay más de 62 desarrollos inmobiliarios y turísticos estancados. La misma situación se repite en distritos con potencial financiero como Cabarete (Puerto Plata), La Caleta (Boca Chica), y otros.

“Hay empresas cuyos inversionistas cotizan en bolsa, y ¿cómo explican ellos a sus accionistas que en un división no se les permita desarrollar sus inversiones? Estas son las razones que nos llevan a demandar. Nadie está por encima de la ley”, sostuvo Richardson. LO QUE DICE LA LEY 368-22 Promulgada en 2022, la Ley 368-22 establece los principios y mecanismos para el ordenamiento territorial del país. Su artículo 24 otorga competencias directas a los gobiernos locales —incluidos los distritos municipales— para regular el uso de suelo, el planeamiento urbano y los asentamientos humanos, siempre que superen el inicio de los 15,000 habitantes.

Según Fedodim, esa disposición justo no requiere reglamentación adicional para su aplicación, como alegan desde el Mived. La Constitución y la derecho, afirman, son claras: la ley se aplica desde el momento de su promulgación. Por otra parte, resaltan que el artículo 148 de la Carta Magna impone responsabilidad civil a las instituciones públicas cuando incurren en actos u omisiones que generen daños por el incumplimiento de sus funciones.

UNA BATALLA POR LA AUTONOMÍA LOCAL El conflicto asimismo refleja un debate más profundo: la tensión entre el centralismo institucional y la autonomía de los gobiernos locales. Para Fedodim, el caso contra el Mived no es solo un anuncio técnico, sino una defensa anterior del derecho de los distritos municipales a osar sobre su expansión y a resolver su división con independencia. “No se alcahuetería de un simple trámite chupatintas.

Se alcahuetería de la dignidad de nuestras comunidades, de su derecho a desarrollarse con reglas claras y con respeto a las instituciones locales elegidas por el pueblo”, expresó Richardson. La demanda contra Carlos Bonilla podría sentar un precedente sin igual en la historia fresco del municipalismo dominicano. Si los tribunales fallan a privanza de Fedodim, el gobierno central se vería obligado a rastrear de inmediato las competencias de planeamiento urbano a más de 235 distritos municipales en todo el país, con implicaciones directas para el maniquí de expansión territorial.

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