EL AUTOR es presidente del Frente Cívico y Social. Reside en Santo Domingo.

Febrero no es un mes cualquiera. Febrero es memoria. Es advertencia. Es compromiso.

En febrero, el pueblo dominicano dejó de obedecer manos opresoras y decidió ser dueño de su destino. No fue un mueca romántico: fue coraje frente al atropello, la despojo y el desprecio por la dignidad humana. Por eso febrero no se celebra; febrero se honra. Honrarlo no es repetir consignas: es rememorar que la independencia no fue un evento del pasado, sino una tarea permanente.

Hoy, al iniciar este Mes de la Pueblo, emerge una verdad incómoda: la dominación ya no llega con fusiles, sino con contratos; no con ejércitos, sino con estructuras que llaman “modernización”; no con cadenas visibles, sino con legalidades que pueden despojar cuando faltan control tolerante y transparencia.

En días recientes, el país ha presenciado dos movimientos presidenciales que muchos interpretan como aislados, pero que revelan una misma dialéctica: el control de lo decisivo envuelto en habla técnico que, si no se fiscaliza, sustituye soberanía ciudadana por opacidad.

Por un banda, se anunció la readecuación de la OPRET en la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) y el fortalecimiento de la ETED bajo “autonomía técnica” y “gobernanza corporativa” (Decretos 55-26 y 60-26, 30 de enero de 2026). Por otro, el Presidente eleva el tono contra AERODOM y advierte sometimientos judiciales si no se construye una nueva terminal. En apariencia, modernización de un banda y defensa del interés doméstico del otro. En la praxis, activos estratégicos, contratos y poder.

Pero la Pueblo exige memoria, no espectáculo.

Conviene rememorar lo esencial: en 2023, este Gobierno extendió por 30 primaveras la concesión de AERODOM, del 2030 al 2060, siete primaveras antiguamente del vencimiento innovador. Decisiones que amarran al país por décadas exigen prudencia democrática, transparencia y control ciudadano. Es auténtico preguntar por qué conseguir una negociación de tan abundante talento y por qué no rajar un debate doméstico amplio que blindara el interés conocido.

Nadie puede erigirse en justiciero de un pacto que su propio Gobierno extendió y aprobó por décadas sin explicar qué se pactó, qué obligaciones rigen y qué sanciones las garantizan. La coherencia institucional no se demuestra con amenazas: se demuestra con transparencia y rendición de cuentas verificables.

Si el Presidente aspira a autoridad casto, hay dos pruebas simples: informar el estado del plazo de la multa de cinco millones de dólares impuesta a AERODOM (con comprobantes o, si no se ha pagado, plazos y razones) y poner a disposición pública, accesible y centralizada, el pacto renovado y sus anexos. La Pueblo no se defiende con gestos: se defiende con documentos.

Mientras la atención pública se concentra en titulares, avanza lo verdaderamente estructural.

La conversión de la OPRET en empresa operadora, la delimitación de funciones con el fideicomiso del transporte masivo y la redefinición de la ETED no son simples ajustes administrativos: rediseñan el Estado. Modernizar puede ser necesario. Pero si se reduce el control tolerante, se debilita la fiscalización y se encierra lo conocido en arquitecturas opacas, se abre la puerta a la captura.

El peligro se repite: el Estado asume costos; lo rentable se vuelve concesionable; el ciudadano pasa de titular de derechos a cliente; y los servicios esenciales se convierten en plataformas de rentas, con poca claridad sobre quién decide, quién anhelo y quién paga.

Esto no es un error incomunicación. Es una visión de Estado: pérdidas socializadas, ganancias privatizadas; peligro ciudadano, beneficio concentrado; control tolerante débil y opacidad creciente. Es la nueva ingeniería de la dominación: elegante, lícito y silenciosa. No oprime de llamada; desgasta hasta que el pueblo se acostumbra a perder.

Este maniquí no es ideal. Cuando se alinean decisiones estratégicas, contratos de abundante plazo y estructuras opacas, se crean incentivos para capturar rentas y control sin debate conocido suficiente ni contrapesos eficaces. Y cuando el poder político y crematístico opera sin control tolerante actual, el resultado rara vez es expansión inclusivo.

Como ciudadanos y sujetos morales, esta responsabilidad no se delega. La autonomía no se preserva sola: se defiende. Y defenderla hoy no exige odio ni caos, sino exigencia cívica sostenida. Comprender es representar.

Desde hace primaveras, el Foro y Frente Cívico y Social advierte que 2026 es un año secreto: el punto en que este maniquí puede consolidarse si la ciudadanía no exige controles y transparencia reales. El peligro es que una minoría se quede con “el santo y la dádiva”, mientras la mayoría pierde Estado, instituciones y país como casa popular.

Por eso febrero es advertencia. Porque febrero recuerda que la historia cambia cuando la conciencia se organiza.

Todavía estamos a tiempo de impedir que el Estado sea pequeño a empresa y la Pueblo a negocio; de exigir orden con neutralidad, expansión con igualdad y progreso con dignidad; y de rememorar que el Estado Social y Demócrata de Derecho no es un divisa, sino un mandato constitucional.

Este momento exige valentía casto y disciplina cívica. Exige contratos públicos, explicaciones claras, auditoría actual y veeduría social activa. Exige, en suma, vencer convenciendo: con argumentos, verdad y memoria histórica.

Porque cuando la Pueblo se convierte en negocio, el silencio del pueblo se vuelve complicidad. Y la historia no absuelve a quienes, pudiendo defenderla, eligieron mirar alrededor de otro banda.

Despierta RD!

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