Haití.- Los haitianos en medio del aflicción se debaten entre el dolor, la resistor y las negociaciones con criminales. Desde 2024, cementerios históricos han sido tomados por bandas que extorsionan a los dolientes y las familias ya no pueden echar tierra a sus muertos sin enriquecer un precio altísimo.

“Estamos asistiendo a una transformación radical del duelo haitiano. Las prácticas colectivas que daban sentido a la asesinato han sido desmanteladas por la método del miedo y la molestia. Es la asesinato de la asesinato,” advierte Jean Wilner Jacquesdoctor en antropología y hábil en civilización funeraria caribeña.

A solo unos metros de la Avenida Jean-Jacques Desalinesen el corazón de Puerto Príncipe, la vida se ha esfumado de la Rue de l’Enterrement, el tradicional epicentro de los servicios funerarios, según testimonios recogidos desde hace meses en la zona.

Las puertas metálicas de las funerarias están cerradas, los “corbillards” (autos fúnebres) ya no circulan, y el silencio es interrumpido solo por el paso ocasional de una ambulancia que se esconde en callejuelas vecinas para evitar miradas criminales.

“Desde febrero de 2024 no hemos podido trabajar. Los ataques armados destruyeron nuestras oficinas”, cuenta el responsable de una funeraria en la calle Fleury Battier.

Para los entierros, las funerarias deben contactar con el familia armado que controla el cementerio si se quiere evitar un incidente el día del funeral.

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Es el caso del Gran Cementerio de Puerto Príncipe, fundado hace más de 250 primaveras, y hoy bajo el dominio de las bandas.

“La municipalidad ya no cobra tasas. Todo se paga a los grupos armados. Hasta 2.000 gourdes (15 dólares) solo por entrar con el cuerpo”, asegura el mismo responsable de la funeraria que no da su nombre por temor.

Los rituales tradicionales, la música y los familiares en procesión han desaparecido: “Solo dos personas pueden compartir el féretro. Todo lo demás es demasiado peligroso”, agrega.

«Pagamos por echar tierra»: historias de dolor

Mireille, una mujer de 52 primaveras, cuenta con voz descenso la historia de su matriz fallecida en enero de 2025, por cuyo entierro tuvieron que enriquecer 50.000 gourdes (318 dólares).”

Las bandas no solo controlan los cementerios, asimismo han impuesto peajes ilegales en las rutas de entrada que por los que se pueden conseguir a enriquecer 15.000 gourdes (114 dólares) para pasarlos.

La socióloga Erika Louvert, experta en dinámicas urbanas de la región, sostiene que esta situación «no solo es una expresión del colapso del Estado, asimismo redefine la forma en que las familias se relacionan con sus muertos. El duelo se ha vuelto clandestino”.

Cuerpos abandonados: sin luz, sin cuota, sin refrigerio

El damnificación del sistema funerario asimismo se refleja en las morgues donde cientos de cuerpos permanecen en calma de sepultura.

En muchos casos, no hay familiares que los reclamen, ya sea por desplazamiento forzado o por yerro de capital. La descomposición avanza rápidamente por los cortes constantes de electricidad.

“Sin refrigeración, los cuerpos empiezan a pudrirse en cuestión de horas. No damos abasto”, relata Joseph Bernard, dueño de una funeraria en Croix-des-Bouquets. “Hay cadáveres aquí desde hace más de tres meses. Nadie viene a buscarlos porque no pueden enriquecer ni el féretro”.

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Las funerarias han improvisado depósitos en garajes o contenedores, y muchas veces solo cubren los cuerpos con mantas térmicas de emergencia.

La yerro de condiciones mínimas asimismo representa un peligro inodoro.

Médicos locales advierten del peligro de brotes infecciosos si no se gestionan adecuadamente los cuerpos sin sepultura.

Desde diciembre de 2024, el número de ataques perpetrados contra la población civil ha aumentado en un 24%.

La violencia que hasta ahora parecía circunscrita a la haber, Puerto Príncipese ha extendido a otros departamentos, como Centro y Artibonite, convirtiéndose en un aberración transversal a todo el país.

Sin ir más remotamente, solo en el unidad del meta la sigla de desplazados internos ha aumentado un 80%.

A ello ha de sumarse la absoluta carestía de servicios básicos, entre los cuales se incluye la afluencia sanitaria, la educación o el entrada al agua potable.

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) ha registrado en la primera fracción de este año un total de 4.026 asesinatos.

Encima, el número de desplazados por la violencia de las bandas criminales alcanza ya los 1,3 millones, una sigla que sextuplica la de 2022, según datos de la Ordenamiento de Internacional para las Migraciones.