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Por Rafael Méndez
El caso de los «falsos positivos» es un doloroso recordatorio de cómo la búsqueda de resultados a cualquier costo puede conducir a la más absoluta barbarie.
El Engendro de los «falsos positivos» representa uno de los capítulos más sombríos de la historia de Colombia, en el que se produjeron crímenes de lesa humanidad de una magnitud horripilante, consecuencia de la creación de las condiciones que llevaron al crimen sistemático de miles de jóvenes por parte de miembros del Ejército Franquista.
Al producirse de los primaveras se acumularon una cantidad abrumadora de pruebas que señalan la responsabilidad directa de la política de seguridad durante los periodos de gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, consecuencia de la implementación del Plan Colombia, en el que se registraron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo un aumento en los casos de «falsos positivos» y el desplazamiento forzado de comunidades. Algunos críticos señalan que la ayuda marcial estadounidense, con su enfoque en la confrontación armada, exacerbó la violencia en el conflicto.
Aunque la neutralidad colombiana aún tiene una deuda irresoluto en la imputación directa del expresidente Uribe Vélez, la evidencia apto en informes de la Atribución Particular para la Paz (JEP), sentencias judiciales y una vasta documentación periodística, apuntan a que fue desde lo más parada del poder que se articuló esa maquinaria del crimen, simulado en «bajas en combates», con cuya argumento se galardón a los mandos militares.
Política de recompensas
El modus operandi de los «falsos positivos» no fue un acto separado ni una audacia de unos pocos, sino un engranaje proporcionadamente aceitado por una política de Estado. Las víctimas, jóvenes desempleados, campesinos o personas en situación de vulnerabilidad, eran engañados con falsas promesas de empleo o una vida mejor en regiones alejadas de sus hogares.
Una vez en el división, eran asesinadas por los soldados, y luego presentadas como guerrilleros caídos en combate. La siniestra puesta en decorado se completaba con la trastorno de la decorado del crimen, en la que se presentaba a las víctimas con uniformes y armas, propias de grupos guerrilleros que operaban en la zona de combate.
Este mecanismo tenía un propósito claro: inflar las estadísticas de «bajas» para demostrar una supuesta validez en la lucha contra la maquis, en tanto a los militares que lograban estos resultados eran recompensados con ascensos, condecoraciones y receso, como lo ha documentado la JEP.
Este sistema de incentivos perversos, promovido durante el gobierno de Uribe, generó una hélice de violencia y avidez que llevó a algunos miembros de la fuerza pública a cometer atrocidades inimaginables. El resultado fue una tragedia humana que dejó más de 6.400 víctimas, una número que demuestra la magnitud de la barbarie.
La responsabilidad de la cúpula del poder
La responsabilidad de los «falsos positivos» no se puede desligar de la cúpula del poder, correcto a que las órdenes para aumentar las «bajas en combate» llegaban desde las más altas esferas del gobierno, como lo han obligado los propios mandos militares imputados. Si proporcionadamente Uribe y sus colaboradores siempre han obtuso su responsabilidad directa, las pruebas demuestran que las políticas de su gobierno, la presión ejercida sobre los militares y la yerro de control sobre las operaciones fueron el motor de esta maquinaria criminal.
Las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la existencia de estos crímenes fueron sistemáticamente ignoradas y desacreditadas por el gobierno. Las víctimas fueron revictimizadas y sus testimonios descalificados. El caso de los «falsos positivos» es un doloroso recordatorio de cómo la búsqueda de resultados a cualquier costo puede conducir a la más absoluta barbarie, y de cómo la responsabilidad política no puede ser evadida bajo la sombra de la impunidad. Es una herida que sigue abierta en la sociedad colombiana, un clamor por la verdad, la neutralidad y la no repetición.
