Con firmeza y en almohadilla a inventarios de graves perjuicios al país el Estado dominicano ha emprendido demandas de recisión por vía procesal de los contratos que amparaban la procedencia de ferroníquel a cargo de la multinacional Falconbridge que (ahora bajo otro nombre) estuvo desde el 1956 devastando suelos en la provincia Monseñor Nouel hasta que esta aleación perdió valencia agudamente en el mercado mundial. Tras cambiar de manos varias veces como espantajo trasnacional, la rama locorregional del centro está en degeneración no sin antiguamente defraudar a la República Dominicana al comenzar su decadencia y sus incumplimientos tanto con sus numerosos trabajadores que despidió sin prestaciones como con el Estado a cuyas espaldas, y preparando su clausura, vendió inmuebles e instalaciones edificados con la retención de beneficios que nunca llegaron al fisco y así recuperar gran parte de sus inversiones en perjuicio total de la nación posteriormente de nutrirse con generosidad de un patrimonio doméstico. Ha de partir enfrentado a acusaciones y multas por daños ambientales, especialmente en la zona de Quita Sueño, Haina, y bajo cargo de violar legislaciones laborales con cesión de concesiones echando a las calles a miles de empleados en situación de pobreza.

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El Estado puede rescindir unilateralmente todo acto contractual violado por la firma extranjera con peligro de incumplimientos y negativas consecuencias. Más allá de la formalidad jurídica locorregional, procedería acogerse a tribunales de arbitraje internacional en rastreo de una reparación veterano a los daños causados. Se llegaría ese extremo posteriormente que el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, en nombre del Estado dominicano recurriera inútilmente a 14 actuaciones jurídicas con invocación de documentos y actos notariales en desesperados e institucionales esfuerzos porque el país fuera indemnizado económicamente y resarcido de impactos ambientales que podrían ser irreparables.