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En las películas de HollywoodLas grandes decisiones normativas se convierten en dramas épicos, repletos de giros, tensiones y zancadillas. La diferencia con la vida verdadero tal vez sea que no contamos con una manada sonora de John Williams.
Sin bloqueo, las posturas son igual de intensas. Las Redes como X (antiguamente Twitter) se han transformado en verdaderos cuadriláteros donde todo parece estar permitido. Uno de los casos más recientes es el plan de ley orgánica de independencia de expresión y medios audiovisuales, presentado por el Poder Ejecutante delante el Congreso Doméstico.
El texto, angurriento y necesario en varios aspectos, rastreo modernizar un situación permitido que acumula más de seis décadas de obsolescencia. Sustituir la Ley 6132 constituye una deuda institucional impostergable.
Sin bloqueo, entre las buenas intenciones y los riesgos realesexiste un tramo delicado que debe recorrerse con responsabilidad democrática.
Los desafíos
El primer desafío es cómo regular sin reprimir. Renovar el situación permitido no puede desobstruir la puerta al control político de los contenidos ni legalizar organismos que operen al beneficio de las garantías constitucionales.
El Instituto Doméstico de Comunicación (Inacompuesto), propuesto como colectividad regulador, ha generado posiciones encontradas. Aunque se le define como autónomo, tanto el proceso de designación de sus autoridades como el talento de sus atribuciones —que incluyen sancionar medios, suspender transmisiones y eliminar contenidos— despiertan legítimas preocupaciones sobre su independencia verdadero.
Voces críticas, como la del enjuiciador emérito Rafael Díaz Filpo, han apto que estas disposiciones podrían vulnerar frontalmente el artículo 49 de la Constitución, que prohíbe la censura previaasí como el artículo 69, sobre tutela jurídico efectiva.
El debate no es meramente técnico: es profundamente político y ético. Regular sin silenciar requiere de un equilibrarcasi artesanal.
Y no se negociación solo de proteger al periodismo profesional. Incluso está en movilidad el derecho de cada ciudadano a expresarse, informar y disentir. En un entorno digital, descentralizado e hiperconectado, las barreras regulatorias pueden transformarse fácilmente en obstáculos para nuevas voces, medios emergentes o plataformas alternativas.
El artículo 24 del plan, por ejemplo, establece que las plataformas digitales con más de un 10 % de usuarios dominicanos deberán contar con representación permitido en el país. Aunque comprensible desde una perspectiva regulatoria, esta exigencia podría convertirse en un obstáculo para la rescatado circulación de ideas en un ecosistema entero.
Es cierto que esta medida se asemeja a la adoptada por la Unión Europea respecto al almacenamiento de datos. No obstante, los poco más de 11 millones de habitantes de la República Dominicana no representan, en términos de mercado ni capacidad de presión, lo mismo que los 429.7 millones de ciudadanos europeos.
Los avances
Por otro costado, el plan además introduce avances importantes. Reconoce la cláusula de concienciael secreto profesional, el derecho a Internet y la prohibición explícita de la censura previa.
Adicionalmente, incorpora principios secreto como el pluralismola neutralidad de la redel ataque equitativo a medios públicos y los derechos de las audiencias —especialmente niños, adolescentes y personas con discapacidad—. Este enfoque garantista debe ser defendido y potenciado en el debate legislador.
El documentación más flamante sobre independencia de expresión ubica a la República Dominicana en segundo motivo a nivel regionalcon una puntuación destacada. No se registran persecuciones sistemáticas ni asesinatos de periodistas.
Sin bloqueo, persisten desafíos relevantes: el control indirecto de mediosla débil protección institucional al prueba periodístico y casos no resueltos de desinformación digital. El país necesita no solo leyes modernas, sino además instituciones sólidas, mecanismos transparentes y una ciudadanía activa.
La secreto está en construir confianza. Para que una ley de independencia de expresión tenga legalidad, debe ser fruto de un proceso colaborativotransparente y plural. Es indispensable incorporar a gremios periodísticos, defensores de derechos humanos, académicos, legisladores de distintos sectores y representantes de medios.
Esta ley no puede ser percibida como un logro político del gobierno en su disputa con otros actores. Debe concebirse como una ley para la democraciael contraveneno contra el pensamiento único y una seguro para la estabilidad social que el país ha sostenido.
Ojalá que el proceso de diálogo generado en torno a este plan de ley conduzca al fortalecimiento institucional y tolerante del país. La discusión no es solo legítima, sino necesaria.
Es el camino más seguro para alcanzar un seguridad acordado entre la regulación indispensable y la seguro irrenunciable del derecho de toda persona a expresarse, informarse y participar activamente en la vida pública.
