A partir de este año 2026 hay que extremar la vigilancia ciudadana y el peritaje de expertos en todo lo que se refiere al macro sistema de la establecimiento pública.

Igualmente, el Estado tiene como prefacio activar sus alertas, remover y renovar sus protocolos de controles, vigilancia y salvamentos frente a cualquier potencial depredación de capital que estén bajo la encargo de los funcionarios públicos. Sin importar distinción de su status social, empresarial o político.
– ¿Por qué?
Porque se hace imperativo librar la estabilidad democrática y avalar el bienestar común de la población. ¿Está en pernio el sistema tolerante a causa de la corrupción?, nos preguntamos. Y señalamos al respecto:
Existen razones que a algunos nos parecen obvias. En el país se da inicio a una especie de cuenta regresiva, con miras al proceso electoral del 2028.

Este año será muy reñido, electoralmente hablando, y se puede prestar, asimismo, para despertar no solo pasiones, sino además ambiciones, ansias de riquezas rápidas, fáciles y desmedidas.

Sin dudas comienza una etapa preelectoral y eso implica mayores gastos de capital en proselitismo.

En tanto, aparecen por ahí los espurios, se abandonan los cánones éticos y los formalismos de la buena actos administrativa.

Personas con visiones radicales de la efectividad franquista, plantean frente a esta situación, la penuria de acorazar la encargo administrativa del Estado a través de la movilización de todos los mecanismos preventivos y de control, como son:
-Cámara de Cuentas de la República Dominicana;
-Servicio de la Sucursal Pública;
-Contraloría Militar de la República;
-Servicio de Hacienda;
-Dirección Militar de Contrataciones Públicas;
-Dirección Doméstico de Investigaciones (DNI).
Abogan igualmente porque el Gobierno central active los mecanismos de fiscalización de las instituciones autónomas del Estado, como la Faja Municipal Dominicana (LMD) y de las entidades de ayuda y público social, las cuales ahora, más que en ningún otro momento, deberán conducirse con maduro apego a los principios éticos que rigen las operaciones del Estado.

Según la Ley número 247-12 de la Sucursal Pública, corresponde al presidente de la República regir las competencias de la Sucursal central y del gobierno del Estado que, según el artículo 13 de dicha ley, éste maneja un conjunto de órganos cuyas competencias se extienden en todo el comarca franquista, y cuyos actos se imputan al Estado como persona jurídica.

Eso implica que corresponde al presidente de la República Luis Abinader, adoptar una serie de medidas preventivas, las cuales garanticen al pueblo dominicano el manejo ético a nivel franquista de los capital del Estado, -como afirman sus seguidores que éste lo hace- en el ámbito de un mar de aspiraciones a la Presidencia de la República, a posiciones congresuales y municipales en los próximos dos abriles.

El mandatario se ve compelido, y ahora más que nunca, a avalar el manotear ético en la establecimiento de los capital del Estado, no solo por el bienestar de la nación, sino con maduro razón, por su propio bienestar, está llamado a completar sus dos periodos presidenciales con la maduro pulcritud, en marcos históricos que trasciendan los tiempos y sirva de relato para nuestros futuros gobernantes.

Específicamente, el presente gobierno debe duplicar su vigilancia en la establecimiento de los capital del Estado.

¿Razones?
Hay sectores insertos en la establecimiento pública que tratarán de conseguir allí parte o todos los capital que necesitarán, no solo para aupar sus postulaciones, sino además para enriquecerse en lo personal. No es una actos del presente gobierno, sino que se manejo de un mal común que ha afectado la bienes franquista durante muchos abriles y muchos gobiernos.

Se dice con frecuencia que este es “un país rico, pobremente administrado” (frase del expresidente Jacobo Majluta) que uno siente que, en cierto sentido, es verdad, porque con ella se retrata “la paradoja de un país con grandes capital naturales”, pero escueto de solemnidad.

Eso se explica cuando los gobernantes, el Parcialidad Central y los economistas han pregonado en los últimos abriles un crecimiento positivo de la bienes, pero ocurre que esa bonanza, aunque se manifiesta en avances en infraestructura y exposición de sectores económicos y financieros, no se reflejan en la reducción de la pobreza.

La corrupción se lo lleva todo
La corrupción ha campeado en el país en los últimos “gobiernos democráticos” que registra la nación, desde el propio gobierno de Joaquín Balaguer, pasando por los de Jorge Blanco, Leonel Fernández, Danilo Medina, y ahora del presidente Luis Abinader. Todos han sido blanco de serias denuncias de corrupción administrativa que han incompatible eco a nivel internacional.

La ordenamiento World Compliance Association (WCA), entidad internacional “sin humor de provecho formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance” y que se define como un organismo integrado por profesionales y organizaciones interesadas en conquistar avances importantes “en materia de ética y buen gobierno corporativo”, publicó en su portal una colección de los casos de “19 colaboradores del ex presidente de la República Dominicana Danilo Medina, y destacan entre ellos, tres ex ministros vinculados a un desfalco millonario y lavado de activos que fueron arrestados durante una “compleja operación anticorrupción”.

“Las detenciones son resultado de la llamamiento “Operación Calamar”, puesta en marcha “luego de una compleja investigación realizada por la Procuraduría especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa”, reseña la WCA en su portal.

En tanto, el icónico matinal Listín Diario publicó recientemente, bajo la firma de la periodista Yudelka Domínguez, la notificación que destaca en su título: “Corrupción Administrativa. Nueve grandes casos de mala establecimiento y corrupción en el gobierno de Luis Abinader”. En el subtítulo dice: “El extremo caso de corrupción administrativa salió a la luz hace varias semanas y se manejo de la establecimiento de Santiago Hazim al frente de Senasa”.

Debemos cuidarnos
¿Qué nos revelan estas crónicas? Que el país está frente a un mal común, “un mal de fondo”, deplorable, que necesita de una gran voluntad política, tanto de quienes están al frente del Estado en estos momentos, como de los políticos de la competición para hacer esfuerzos conjuntos con miras a exceder esta execrable situación.

No se manejo de hacer denuncias vengativas. Hay que coordinar acciones para frenar entre todos este mal que nos arruina, especialmente a los más chiquitos.

Todos están salpicados por las heces de la corrupción, algunos no se dan por aludidos, han alegado persecuciones políticas y ya comenzaron “a tirar piedras y viven en casas con techo de cristal”.

Lo cierto de todo es que estos derroteros ya tienen presencia internacional. Nos están “mirando con lupa” desde exterior y eso nos hace vulnerables y nos hará mucho daño como nación, ya que estas denuncias se prestan para sostener el control hegemónico en nuestro terruño por parte de grandes potencias.

Igualmente, se presta para el embarre de parte de nuestros alegados “amigos”, algunos de los cuales “no quisieran vernos mejor que ellos” y hacen lo que puedan para impedir nuestros ímpetus desarrollistas.

No podemos seguir “dando cancha al enemigo” encubierto o sabido, ni a los amigos que nos aman en exceso como para desear que no avancemos demasiado, más que ellos. En el fondo golosean nuestros inestimables capital.

Enfrentemos a los “tragones”
Por eso es por lo que planteamos la penuria de afrontar las maldades que causan algunos “tragones” de los partidos políticos, organizaciones industriales, empresariales y gremiales, cuyas bocas “se les hacen aguas” y golosean el “pastel del Estado” para engullir hasta el extremo pedazo, incluyendo las boronas del suspiro, sin importarles la situación de millones de dominicanos que viven en la indigencia.

La ciudadanía tiene que duplicar la vigilancia frente a estos sectores que empujan a la corrupción para beneficiarse.

El presidente Abinader y su ordenamiento Partido Revolucionario Innovador (PRM), sus dirigentes, todos en las nóminas del Estado, enfrentan un serio dilema, ganarse la voluntad popular con la realización de una establecimiento transparente y digna, o hundirse en el pozo inmundo de la corrupción y el rechazo de la población.

El rol rival
Pero además es criticable que la competición al gobierno se limite a hacer denuncias y a propagar las ya realizadas, algunas que incluso han surgido muchas veces fruto de las grandes contradicciones que se dan entre los propios depredadores del Estado.

La competición política debe, a nuestro seso, no solo contribuir a evitar los actos de corrupción, sino que, consumado y comprobado el hecho, producir con sus técnicos y expertos legales los expedientes con bases científicas, probados, para que a partir de entonces se accione en la probidad.

No es solo denunciar y ya, ármense de valía y empaqueten expedientes que permitan condenar a los corruptos. Solo así se podrá frenar el flagelo.

Igualmente, los ciudadanos deben insensibilizar nuestras convicciones y cuando descubramos cualquier corruptela en la establecimiento del Estado, que sean verídicas, y procedamos a efectuar en consecuencia.

*El autor es periodista.