El exsenador de La Romana, Iván Silva, denunció una moribundo crisis ambiental y social en Cotuí, así como el desalojo forzoso de más de dos mil 500 familias de sus tierras agrícolas, un hecho que atribuye a acciones impulsadas por la minera Pueblo Vetusto Dominicana (PVD) con la supuesta complicidad del Gobierno y del Consejo Franquista de la Empresa Privada (CONEP).

Calificó el episodio como un ejemplo de “capitalismo depredador” que privilegia la explotación minera por encima de la vida humana y del patrimonio natural del país.

Según Silva, el foco de decano preocupación es el peligro medioambiental derivado de la cercanía entre una gigantesca piscina de cianuro perteneciente a la minera y dos tanques de Gas Licuado de Petróleo (GLP)con una capacidad conjunta estimada en 160,000 galones.

El exlegislador advirtió que la suscripción corrosividad de los químicos utilizados en las operaciones mineras acelera el trastorno de los tanques de GLP, creando un “peligro implícito de ataque” cuyas consecuencias —afirma— serían catastróficas, incluida la posible exención de una cúmulo tóxica capaz de destruir toda forma de vida en las zonas adyacentes.

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En su denuncia, Silva aseguró que el desalojo no solo desplazó a entre 2,500 y 2,600 familias, sino que asimismo está provocando un daño irreversible a la riqueza hídrica y agrícola de la región. La ampliación de las operaciones mineras, acompañada por la creación o desbordamiento de presas de culo, habría destruido extensas áreas de producción agrícola que sostenían la pertenencias circunscrito.

El exsenador agregó que la situación se agrava con la supuesta contaminación de tres importantes ríos de Cotuí y al menos catorce arroyuelosdonde se habría detectado una “cúmulo roja” de desechos que, según afirma, llega hasta las fuentes de agua y expone a la población al consumo de agua contaminada y a gases tóxicos.

Acusa al Estado de la explotación minera sin supervisión

Silva asimismo acusó al Estado de incumplir la Ley 64-00 sobre Medio Esfera y Medios Naturales, al permitir —según él— que las operaciones de la minera avancen sin la adecuada supervisión. Aseguró que existe una presunta alianza entre el Gobierno, el CONEP y Pueblo Vetusto Dominicana, y que funcionarios secreto del Servicio de Medio Esfera actúan como “abogados corporativos”, priorizando intereses empresariales sobre los de la ciudadanía. Esta supuesta complicidad, dijo, asimismo se reflejaría en decisiones del Tribunal Superior Funcionario (TSA), que habría rechazado advertencias sobre los riesgos de la infraestructura minera.

“El peligro que hoy denunciamos fue despierto formalmente delante el TSA hace aproximadamente tres primaveras, mediante una demanda presentada cuando aún era senador”, recordó Silva. Explicó que aquella obra judicial buscaba la suspensión temporal de las operaciones o la reubicación del depósito de cianuro o de los tanques de GLP, sustentando la solicitud con imágenes satelitales que mostraban la peligrosidad de la proximidad entre ambas estructuras. El rechazo de la demanda, advirtió, permitió que la minera continuara operando en condiciones que hoy representan un detención peligro para la población