Por Lucha María Martínez
El Pregonero, Santo Domingo Finalidad. – Trabajadores desvinculados de la Alcaldía de Santo Domingo Finalidad realizaron una huelga frente a la sede del cabildo, en propaganda del plazo de sus prestaciones laborales, las cuales aseguran llevan más de un año esperando, pese a que la alcaldesa emitió un comunicado oficial indicando que los cheques ya estaban listos para ser retirados.
Los manifestantes denunciaron que, al asistir a la alcaldía tras la publicación del comunicado —difundido en medios de circulación franquista—, se encontraron con que los cheques no estaban disponibles, y que las autoridades municipales les otorgaron un nuevo plazo de 15 días. Delante esta situación, advirtieron que si al vencerse ese período no reciben sus pagos, retomarán las protestas con una nueva huelga.
“De casi 200 personas que han venido aquí, a una sola le ha aparecido su cheque”, expresaron los huelguistas, quienes relataron que incluso se les dijo que los pagos “andaban en un transporte”, sin aceptar explicaciones claras. Indicaron que la protesta se desarrolló desde las 7:00 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía, como una forma de chillar la atención sobre lo que califican como una molesto irregularidad administrativa.
Los desvinculados igualmente cuestionaron las cifras ofrecidas por la alcaldesa, quien —según indicaron— aseguró que se ha pagado a más de 1,078 personas, señalando que los desvinculados ascienden a 1,628, traducción que los trabajadores califican de falsa. Afirman que superan los 7,000 desvinculados, correspondientes a cuatro períodos de encargo, y que a ningún se le han pagado sus prestaciones, lo que ha generado una acumulación millonaria de la deuda gremial.
Durante la protesta, hicieron un llamado directo a la Cámara de Cuentas, la Faja Municipal Dominicana, el Consejo de Regidores y otros órganos de control, para que fiscalicen el uso de los 47 millones de pesos que, según denunciaron, fueron destinados al plazo de las prestaciones laborales. Aseguraron que ningún regidor acudió al punto para darles la cara, lo que consideraron una desidia molesto a su deber constitucional de fiscalización.
Asimismo, denunciaron que las puertas del concejo fueron cerradas, impidiéndoles depositar instancias en la Oficina de Huido Ataque a la Información, en violación —según afirmaron— de la Ley 200-04, lo que agrava aún más la situación y genera sospechas sobre el manejo de los fondos públicos destinados a esos fines.
“Estamos aquí de modo pacífica y civilizada, hay mujeres embarazadas, envejecientes y personas enfermas. Solo exigimos nuestro derecho”, expresaron. Finalmente, hicieron un llamado al presidente de la República para que intervenga el Junta de Santo Domingo Finalidad, al considerar que se están vulnerando derechos fundamentales y que las autoridades municipales no han regalado respuestas claras ni soluciones concretas.
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