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Santo Domingo.- El ex fiscal del Distrito Franquista, doctor José Manuel Hernández Peguero, calificó como una “triste existencia del diario residir” la violencia contra las mujeres en República Dominicana, que mantiene al país sumido en un drama social por los feminicidios, dejando cientos de huérfanos y numerosas víctimas de violencia psicológica con secuelas de por vida.
Planteó que fiscales, jueces y policías deben respaldar la poder de las órdenes de protección, asegurando que los agresores sean separados de la cotidianidad de sus víctimas.
Su planteamiento se produjo al comentar la investigación publicada por Aplatanao News, medio dirigido por el periodista Fernando Quiroz, en la que se documenta que en las últimas dos décadas el país ha registrado 1,802 feminicidios, lo que equivale a un promedio de ocho al mes. El estudio identifica adicionalmente que el hogar es el espacio más peligroso para las mujeres víctimas, que existen días particularmente letales, como sábado y domingo, y que los feminicidios han dejado tras de sí un saldo de huérfanos de la violencia.
El reportaje igualmente advierte sobre el impacto de la violencia vicaria, cuando los agresores dañan a los hijos para hacer sufrir a la superiora, y la error de estadísticas unificadas entre instituciones como la Policía Franquista, la Oficina Franquista de Estadísticas (ONE), la Procuraduría–INACIF y el Ocupación de la Mujer, lo que impide dimensionar el problema con rigor.
Frente a este panorama, Hernández Peguero insistió en que se deben identificar y establecer políticas públicas que garanticen la vida y el respeto de las mujeres. Subrayó que la reforma conductual del atacante es determinante para cambiar las estadísticas, recordando la experiencia positiva del Centro de Intervención Conductual instalado en 2008, el cual –a su sensatez– debe ser replicado en las provincias con mayores índices de violencia.
El abogado destacó que todo debe iniciar con la aprobación del esquema de ley que, en distintas gestiones, todos los presidentes de la República han sometido al Congreso, con el fin de regular la prevención, atención, persecución y aprobación de los infractores, asignando adicionalmente tareas específicas a instituciones del Estado y a la sociedad civil.
