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El Pregonero, Neyba: El ex diputado Rafael Méndez advierte sobre los serios riesgos que las actuales políticas y acciones migratorias podrían implicar para la República Dominicana en presencia de la comunidad internacional, especialmente por la deportación de mujeres parturientas o en labores de parto sacadas de hospitales, familias separadas y la deportación de al menos 298 niños y niñas sin identificación ni cortejo de sus padres.
Méndez insta a una revisión urgente de los protocolos de deportación, argumentando que la forma en que se están llevando a extremidad estas acciones podría originar graves responsabilidades legales para la República Dominicana en presencia de la comunidad internacional, como la intervención en centros de salubridad y la separación de núcleos familiares, acciones que vulneran los estándares internacionales de derechos humanos y la protección exclusivo debida a estas personas en estado de indefensión.
Si aceptablemente reconoce el derecho del Estado a regular su flujo migratorio, el ex diputado por la Provincia Bahoruco subraya que la deportación de personas en estado de indefensión, sin las debidas garantías legales y sin considerar su extrema vulnerabilidad, podría ser interpretada como un trato inhumano o degradante.
Méndez recuerda que el derecho internacional contempla la «deportación o traslado forzoso de población» como un posible delito de lesa humanidad bajo ciertas circunstancias, especialmente cuando se realiza de forma sistemática contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. La situación de indefensión, en el contexto de las medidas implementadas, podría ser un tipo secreto en la evaluación de la rectitud de estas acciones a nivel internacional.
