En la contemporaneidad, charlar de ética y responsabilidad social en la trámite universitaria es más que una aspiración recatado: es una exigencia del entorno social, crematístico y político en el que operan las instituciones de educación superior. El crecimiento acelerado del conocimiento, los avances tecnológicos y los desafíos globales –como el cambio climático, la desigualdad y la crisis de títulos– colocan a las universidades en el centro de las transformaciones necesarias para un incremento humano sostenible.

Partimos de una comprensión maña: la ética, como disciplina, analiza y orienta los actos humanos en función de su bondad o neutralidad; mientras que la responsabilidad social universitaria implica el compromiso institucional de llevar a cabo con transparencia, equidad y sostenibilidad, teniendo en cuenta los intereses de todos los grupos que se relacionan con la universidad, tanto interna como externamente.

Estos dos conceptos no son ajenos a la trámite, sino que la atraviesan. Dirigir una universidad no se limita a la establecimiento de bienes o al cumplimiento de indicadores académicos; es todavía una tarea profundamente ética, donde se deben equilibrar intereses diversos y decisiones complejas, bajo los principios de equidad, neutralidad y acertadamente popular.

Las universidades, en tanto instituciones formadoras de ciudadanos y profesionales, deben objetar a un doble compromiso: el admitido, establecido por las normativas nacionales e internacionales; y el recatado, vinculado con su papel transformador en la sociedad. La ley dominicana, por ejemplo, establece que las universidades están llamadas a formar personas críticas, éticas, solidarias e innovadoras, capaces de promover el respeto al dominio, los derechos humanos y la democracia. Pero más allá de la composición, está el espíritu de esa ocupación.

En el corazón de esa trámite universitaria están los grupos de interés, todos aquellos que directa o indirectamente son impactados por las acciones de la institución. En el ámbito interno, están los estudiantes, profesores, servidores administrativos y las autoridades. En el foráneo, los egresados, empleadores, proveedores, comunidades y la sociedad en común. Cada uno de estos grupos tiene derechos legítimos que deben ser respetados. Los estudiantes, por ejemplo, tienen derecho a una formación pertinente, actualizada y de calidad; a planes de estudios vinculados con la verdad económica y social; a una billete activa en las decisiones que les afectan; y a un trato digno y acordado. El título universitario debe ser un cierto reflexivo de competencia profesional y formación integral.

El cuerpo docente, por su parte, debe acoger condiciones laborales adecuadas: remuneraciones justas, firmeza entre docencia, investigación y extensión, golpe a bienes tecnológicos y bibliográficos, y políticas de bienestar integral. Lo mismo aplica para el personal funcionario y de apoyo, cuyo rol es esencia para el funcionamiento institucional, por lo que merecen seguridad sindical, capacitación continua y examen.

En el plano foráneo, los desafíos son igual de complejos. Muchos jóvenes no logran ingresar o mantenerse en la universidad por barreras económicas, aunque formalmente la educación sea gratuita. El costo verdadero incluye transporte, provisiones, materiales, vivienda y conectividad. Sin políticas efectivas de becas o financiamiento, se reproduce la restricción.

Las universidades todavía deben relacionarse responsablemente con las empresas, los gremios profesionales, los proveedores y otros actores sociales. Las decisiones sobre los perfiles de egreso, los programas académicos y las investigaciones deben estar alineadas con las deyección sociales y económicas del país, pero sin ceder en presencia de intereses particulares. Del mismo modo, la contratación de haberes y servicios debe guiarse por principios de transparencia, eficiencia y equidad, evitando favoritismos o irregularidades.

«En un contexto de polarización política, las universidades deben sostener una posición institucional equitativo, pluralista y respetuosa. No deben ser instrumentos de ninguna ideología o religión, sino espacios para el pensamiento suelto, la riqueza y la convivencia». Aquino (2011).

La sociedad, como principal financiadora directa e indirecta de las universidades, tiene el derecho a exigir rendición de cuentas. Esto no solo incluye informes financieros y académicos accesibles, sino todavía una aspecto activa de compromiso con los problemas nacionales. Las universidades deben contribuir al debate conocido desde el conocimiento, aportando investigación rigurosos, basados en evidencias, sin caer en dogmas ni intereses ocultos.

Este compromiso ético implica un llevar a cabo coherente con los títulos que sustentan la educación superior: el respeto a la dignidad humana, la voluntad de pensamiento, la neutralidad social, la inclusión, la integridad académica, el pensamiento crítico, la innovación, la solidaridad, la rendición de cuentas y la transigencia al cambio. Son estos principios los que deben orientar las decisiones cotidianas de la trámite universitaria. Torres y Trápaga (2010).

Finalmente, no baste con respetar los derechos de los distintos grupos de interés. La responsabilidad social universitaria todavía conlleva promover el cumplimiento de sus deberes: los estudiantes deben comprometerse con su formación, los docentes con su disposición académica, y todos con una civilización de responsabilidad compartida.

La universidad no puede conformarse con reproducir estructuras o contentarse con logros internos. Está indicación a ser una institución ética y transformadora, comprometida con el incremento acordado y sostenible de su país. Y eso comienza por una trámite universitaria que entienda la ética no como una carga, sino como su razón de ser.

La autora es doctora en educación y candidato a la Dirección Normal del Circuito UASD, San Francisco para el 2026.

Referencias

• Torres, Mariela y Trapaga, Miriam. Responsabilidad Social de la Universidad. Retos y desafíos. 2010
  Aquino, Mateo. Reflexiones Académicas. 20211
• La Cruz-Arango, Oscar David; Zelada-Flórez, Edwin Andersson; Aguirre-Estepa, John Peter; Garro-Aburto, Luzmila Lourdes. Responsabilidad social universitaria y posicionamiento de universidades en Listón-Perú 2022
• García Rangel, F., Vega Cano, R., y Vallaeys, F. Ética, Mejora Sostenible y Responsabilidad Social desde la docencia en instituciones de educación superior latinoamericanas. (2022).

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