EL AUTOR es ingeniero civil y periodista. Reside en Santo Domingo.

Recientemente se ha hecho sabido un incidente escandaloso que involucra a la esposa de una  figura del servicio foráneo, cuya conducta ha generado reacciones negativas por la forma en que dicha persona actuó en un espacio sabido.

Aunque los detalles precisos pueden variar y la certeza completa está sujeta a investigación, el hecho ha sido ampliamente divulgado en medios de comunicación, redes sociales y foros públicos.

En un gobierno que presume de ocurrir colocado la ética y la transparencia como banderas de su administración pública, cualquier tropiezo en el comportamiento de sus funcionarios o de quienes los acompañan, tiene un objeto multiplicador en la percepción ciudadana.

El referido escándalo no es un incidente último, pues pone en tela de seso, de forma directa, la integridad de un gobierno que se ha presentado como adalid del cambio.

Los servidores en el foráneo y sus familias no son simples acompañantes del Estado oportuno a que representan, en primera radio, la imagen franquista en virtud de que sus actos, adentro o fuera de la esfera estrictamente oficial, tienen una recitación política y simbólica.

Es por eso que, cuando una conducta inapropiada trasciende y no hay una respuesta inmediata y clara, la ciudadanía percibe tolerancia o encubrimiento y esa percepción erosiona la legalidad política y alimenta el cinismo de quienes creen que “ausencia ha cambiado”.

Más allá de la sucedido puntual, el caso revela poco preocupante sobre la fragilidad de los mecanismos de control, la descuido de protocolos eficaces y la obligación urgente de establecer códigos de conducta sólidos en el servicio foráneo.

La ética pública no se mide solo por los discursos o las leyes aprobadas, sino por la coherencia con que se aplican y por las medidas que ejecute el gobierno para demostrar que su compromiso con la integridad es positivo y no solo retórico.

Ignorar o minimizar este episodio sería una señal de pasión institucional que costaría muy caro en términos de confianza ciudadana e imagen internacional.

En punto de ver el escándalo en cuestión como una amenaza, el gobierno debería tomarlo como una oportunidad para reanimar sus mecanismos de integridad, desempolvar los protocolos del servicio foráneo y rememorar a sus funcionarios y allegados que representar al Estado es, en presencia de todo, un compromiso ético.

Si el referido episodio se gestiona con transparencia y consecuencias claras, podría convertirse en un punto de inflexión positivo; si no, será otra prueba más de que la ética pública sigue, peligrosamente, en la cuerda floja.

Jpm-am