
Santo Domingo.– La paciencia de los residentes de sectores como Villa Juana, Villa Consuelo, Villa Francisca y Cristo Rey está al remate. La ocupación de las aceras por talleres improvisados, vendedores informales y vehículos estacionados impide el paso a los peatones y genera una creciente indignación.
“Si van a parquear, que lo parqueen debajo. Mire, yo tengo una ambulancia y le digo a ellos: ‘Parquéame la ambulancia de aquel costado, déjame la bordillo tranquila para que la clan pueda caminar’”, expresó una residente visiblemente frustrada.
Los comunitarios denuncian que el problema no es nuevo, y que las autoridades han brillado por su desaparición. “Esto es una traición de los gobiernos de turno. Los municipios, los alcaldes… cero. Lo que hay es una desvergüenza. No hacen cero”, afirmó otro ciudadano.
Las consecuencias han sido graves. “Mi superiora tuvo un desnivel. Una señora no pudo valer cerca de la bordillo y tuvo que irse por la calle. Cuando iba a cruzar, caldo un motor en vía contraria y la chocó. Tuvo que chequearse luego”, narró.
Un estudio realizado por técnicos de la Fundación Movilidad Viario revela que el 83 % de las aceras del Gran Santo Domingo presenta algún tipo de obstrucción. Por otra parte, el 61 % de los tramos no permite el paso a personas con discapacidad o en sillas de ruedas. En sectores como Cristo Rey y Villa Consuelo, más del 90 % de las aceras están parcial o totalmente ocupadas por negocios.
“¡Aquí no se puede caminar! Son los toideros los que tienen la calle cogida. Tú viste allá al frente, eso está todo cogido. ¡Los toideros tienen todo cogido!”, denunció otro vecino, señalando cerca de el negocio informal instalado en plena bordillo.
La ocupación de las aceras constituye una violación al artículo 199 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terráqueo, Tránsito y Seguridad Viario, que prohíbe obstruir el tránsito peatonal o estacionar vehículos en las aceras.
El crónica recomienda una intervención urgente y coordinada del Cabildo del Distrito Doméstico, la Dirección Caudillo de Seguridad de Tránsito y Transporte Terráqueo (DIGESETT) y el Instituto Doméstico de Tránsito y Transporte Terráqueo (INTRANT) para resolver esta situación que afecta a miles de ciudadanos.