La transición cerca de un maniquí financiero más sostenible ya no es una opción, sino una aprieto. En este contexto, la política fiscal debe esparcirse un rol protagónico como utensilio para incentivar comportamientos responsables, movilizar inversión sostenible y, al mismo tiempo, gestar ingresos que permitan al Estado atender los desafíos del expansión. Este nuevo muestra ha regalado sitio al concepto de fiscalidad verde, una tendencia que crece en América Latina y el mundo, y en presencia de la cual República Dominicana debe preguntarse: ¿estamos preparados para hacerse cargo esta transformación estructural?

¿Qué es la fiscalidad verde?

La fiscalidad verde consiste en el uso del sistema tributario para corregir impactos negativos sobre el medio esfera y promover prácticas sostenibles. Esto puede lograrse mediante dos mecanismos complementarios, tales como instrumentos impositivos correctivos, como los impuestos sobre emisiones de carbono, sobre el uso de plásticos de un solo uso o sobre vehículos en extremo contaminantes o incentivos fiscales positivos, como exenciones, deducciones o créditos tributarios destinados a fomentar la inversión en energías limpias, tecnologías sostenibles o actividades económicas con bajo impacto ambiental.

Países como Colombia, México, Pimiento y Costa Rica ya han incorporado nociones de fiscalidad verde en sus sistemas tributarios. A nivel mundial, más de 70 jurisdicciones aplican impuestos al carbono o sistemas de comercio de emisiones.

En República Dominicana, existen algunos incentivos fiscales con fines ambientales, aunque dispersos y limitados en ámbito. Entre los más relevantes podemos destacar:

• La Ley 57-07 sobre Energías Renovables, que otorga exenciones y créditos fiscales para proyectos de reproducción de energía limpia.

• La Ley de CONFOTUR, que permite beneficios a proyectos turísticos sostenibles.

• Proindustria, que promueve la innovación y eficiencia energética en el sector industrial.

Sin bloqueo, el sistema fiscal dominicano carece de un enfoque integrado de sostenibilidad. A la plazo, no existen impuestos ambientales con fines correctivos de aplicación normal. Siquiera se mide la huella ambiental de los gastos tributarios ni se evalúa su vinculación con los Objetivos de Avance Sostenible (ODS). La carta tributaria restringido no incorpora criterios ESG obligatorios (ambientales, sociales y de gobernanza) como parte de sus parámetros de política pública.

Lo inicial representa una oportunidad desaprovechada, especialmente en un contexto en que los compromisos internacionales del país, como el Acuerdo de París, exigen instrumentos más ambiciosos de mitigación y financiamiento climático.

Para avanzar cerca de un sistema fiscal más sostenible y coherente con los desafíos climáticos, se podrían considerar las siguientes acciones:

1. Evaluar el impacto ambiental del sistema tributario contemporáneo, incluyendo incentivos fiscales y subsidios implícitos que podrían estar favoreciendo actividades contaminantes.

2. Incorporar nuevos impuestos ambientales (e.g., sobre emisiones, residuos, uso de agua, entre otros) con criterios técnicos, gradualidad y mecanismos compensatorios para proteger a los sectores más vulnerables.

3. Ampliar y blindar los incentivos fiscales verdes existentes, especialmente para pymes, tecnologías limpias, agricultura regenerativa y heredad circular.

4. Fomentar la cooperación interinstitucional entre el Profesión de Hacienda, la Dirección Universal de Impuestos Internos (DGII), el Profesión de Medio Circunstancia, Dirección de Presupuesto y organismos multilaterales.

5. Impulsar una reforma fiscal que considere explícitamente criterios de sostenibilidad, tanto en la estructura impositiva como en la asignación del compra divulgado.

Una política fiscal verde no solo es una utensilio de protección ambiental, sino igualmente un aparato de expansión financiero inteligente. Entre sus beneficios destacan: veterano eficiencia en el uso de medios públicos, estímulo a la inversión responsable y a la innovación sostenible, reducción de riesgos fiscales asociados a eventos climáticos extremos, prosperidad del perfil internacional del país frente a inversionistas y organismos multilaterales y contribución al cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales.

La transición cerca de una fiscalidad verde exige voluntad política, diálogo técnico, décimo del sector privado y visión de grande plazo. No se alcahuetería de crear nuevos impuestos por sí solos, sino de rediseñar el sistema tributario bajo un enfoque original, cabal y coherente con las exigencias del presente.

—La autora es Socia de Impuestos y Servicios Legales Deloitte República Dominicana

informacioncr@deloitte.com