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Alberto Rodríguez inmigró hace tres décadas a los Estados Unidos proveniente de la región meta en la República Dominicana. La vida como inmigrante no fue del todo practicable, pero ha rematado establecerse en la sociedad estadounidense en la que desempeña como mecánico-automotriz luego de agotar un amplio camino en el mundo sindical.
A pesar de que tuvo oportunidades de mercar una vivienda mediante la negociación con una empresa inmobiliaria nunca lo hizo, prefirió edificar su propia casa en el suelo dominicano. El esquema luego de varios abriles lo hizo verdad y hoy Rodríguez en compañía de sus familiares puede alojarse sin mayores preocupaciones su propiedad cuando turista el paraje dominicano.
Sin incautación, esa no es la verdad para decenas de dominicanos que residen en el extranjero quienes a través de compañías de inversiones han sido estafados con miles de dólares en el proceso de mercar las viviendas de sus sueños, las que nunca fueron entregadas.
Es más, la situación es que muchos dominicanos residentes en el extranjero han tenido y tienen que desplazarse con regularidad a la nación dominicana en calidad de testigos para defender sus inversiones por las autoridades judiciales dominicanas.
Dominicanos residentes en los Estados Unidos (Nueva York, Nueva Chaleco, Pensilvania), Canadá, Puerto Rico y Europa han sido víctimas de parte de las compañías de inversiones (existente state) con las que formalizaron la adquisición de viviendas que fueron entregadas y mucho menos el peculio fruto de una vida de sacrificios y trabajo.
El más flamante agrupación de unos 100 dominicanos residentes en Nueva York fueron estafados por el esquema Inmobiliario Boca Chica Garden SLR o Garden at the Beach. La estafa que involucras unos 5 millones de dólares a opinión de los afectados María Pichardo, Martha Lee y Johnny Pérez hasta el momento la empresa no ha entregado un solo de los apartamentos.
Pichardo, Lee y Pérez en declaraciones a los medios de prensa aseguran tener los contratos que fueron firmados por los representantes de la empresa como son el ingeniero del esquema, Edgar Hernandez, Mabel Luciano, Administrador Normal y Rosi Delia Cabrera, encargada del Tesina de edificios de 12 niveles y cuyos precios por unidades oscilaban entre los 54 mil y 105 mil dólares. (3 millones 240 mil pesos y los 6 millones 300 mil pesos dominicanos).
Otra mega estafa de la que han sido víctimas los dominicanos del extranjero enhiesto 700 millones de pesos, es la encabeza por el patrón Emmanuel Rivera Ledesma, principal acentuado de la estafa inmobiliaria a cientos de personas con falsos proyectos de apartamentos que además serían entregados a sus adquirientes en la ciudad de Santo Domingo, haber de la nación dominicana, cual fue desmantelada por las autoridades judiciales en la citación operación “Conejera” que se realizó en enero del año 2024 y que de seguro se tomará varios abriles más frente a de una intrepidez final por los tribunales de honestidad en la República Dominicana.
Los principales acusados en el caso de esta estafa inmobiliaria son Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera Pichardo y a las empresas Indisarq SRL y CRD Equipos Pesados SRL.
La incriminación legislativo explica que “cómo, unido a las referidas empresas, conformaron una estructura delictiva dedicada a estafar a cientos de personas, en el país y en el extranjero, mediante la proposición de supuestos proyectos inmobiliarios”.
Otro de los casos de estafa inmobiliaria que resuena mas allá de las fronteras de la nación dominicana fue el llevado a final por la empresa “Novasco Existente Estate, SRL”, calificada de estructura delictiva que además adquirió la franquicia de RE/MAX, una multinacional conocida.
En esta nueva estafa en la traspaso de propiedades que nunca fueron ni serán entregada a los compradores entre los que están decenas de dominicanos residentes en el extranjero, los acusados promovieron cuatro proyectos inmobiliarios que fueron distribuidos en la Romana Victoriana Residences, Bávaro Victoriana Residences, Infinity View y River Hill, los cuales serían entregados en agosto de 2023, recibiendo por concepto de adquisición de apartamentos, más de 18 millones de dólares (1,080 millones de pesos).
“Seguidamente de acuerdo a informes de prensa-procedieron a cerrar las oficinas y negaron la devolución del peculio tras ocultarlo a través de un esquema de lavado de activos. El Ocupación Notorio realizó una serie de allanamientos el 7 de febrero pasado, durante los cuales fueron arrestadas Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Loany Lismeiry Ortiz Nova, detenida en Colombia, así como el imputado (acentuado) Yves Alexandre Giroux, a quien le fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva”.
Incluso, fueron apresados Loana Paola Guerrillero Milián, quien fungía como contable de Novasco Existente Estate, SRL, Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, así como las masters brokers (vededoras principales) de los proyectos simulados Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto, hija del agradecido narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Azotaina).
Todos los acusados se enfrentan a cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos que pueden conllevar una pena máxima de 20 abriles en prisión. Esperemos que además la prisión forme parte integral de las futuras condenas.
Adicionalmente, las autoridades judiciales (Ocupación Notorio) ha informado que los caos de estafa inmobiliaria han incurrido en la violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Adhesión Tecnología y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En presencia de la creciente verdad de las continuas estafas inmobiliarias ocurridas interiormente y fuera del suelo dominicano en la que los dominicanos del extranjero ven como sus aspiraciones son truncadas de tener una casa propia y a la perdida de ahorros económicos de toda una vida, se hace necesario de parte del sistema legislativo, una estricta supervisión y control de las empresas que atentan contra el régimen de inversión que debe otorgar garantías a los dominicanos y extranjeros que se deciden por trastornar en la República Dominicana.
El autor es periodista, educativo y escritor dominicano residente en el estado de Nueva Chaleco y puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
