Washington. – Estados Unidos pidió este miércoles, durante una sesión de la Ordenamiento de los Estados Americanos (OEA)la “emancipación incondicional” de los 1.000 presos políticos que calcula que siguen en cárceles venezolanas.

“Aproximadamente 1.000 personas permanecen injustamente detenidas. Estados Unidos insta a la emancipación incondicional de todos los presos políticos injustamente detenidos”, afirmó el embajador estadounidense Leandro Rizzuto durante una sesión de la OEA convocada para chocar el asunto de los presos.

Rizzuto además aseguró en su intervención que “chocar las detenciones políticas será un componente esencial de la grado de recuperación y reconciliación para alcanzar la estabilidad, la prosperidad y la normalidad en Venezuela”.

Por otra parte, añadió que Estados Unidos advierte a “todos aquellos que participan en violaciones de los derechos humanos y demasía de poder que serán plenamente responsables de sus actos y que apoya firmemente al pueblo venezolano y a las instituciones de esta estructura que promueven la estabilidad regional y defienden la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho”.

Antaño de la intervención de Estados Unidos, compareció la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Deleite Monique de Meesquien aseguró que se han libertino 143 presos políticos y no los 406 que afirma el Gobierno que preside de forma interina Delcy Rodríguez.

La líder de la examen venezolana, María Corina Machadose reunió ayer con el presidente de la OEA, Albert Ramdin, y denunció desde Washington que el chavismo “ha manipulado la situación” en Venezuela y que “no es cierto que hayan libertino a la mayoría de presos políticos”.

Unas horas luego de estas declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trumpaseguró en cambio que el Gobierno de Rodríguez, ha libertino a “muchos” de ellos De Mees apeló a las informaciones y los datos de organizaciones internacionales, como Human Rigths Watch (HRW), que abundan en la existencia y el mantenimiento de instalaciones en Venezuela en las que se vulneran los derechos humanos.

La relatora para Venezuela insistió en la obligación de “transparencia y claridad” de las autoridades venezolanas e insistió en la obligación de revistar el país caribeño para conocer la situación de primera mano.

De hecho, De Mees explicó el pasado mes de octubre que la última cita de la Comisión a Venezuela “tuvo oficio en 2002, hace más de vigésimo abriles. Desde entonces, cada nueva solicitud, en 2017 y en 2020, ha sido rechazada”.

En el mismo sentido se pronunció el segundo vicepresidente y relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Atrevimiento y para la Prevención y Combate a la Tortura de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, quien mostró su preocupación por las detenciones arbitrarias en Venezuela que se han convertido en “un patrón usado por el régimen venezolano”.

Por otra parte de estas intervenciones, el resto de países que forman parte de la OEA manifestaron su condena a la existencia de prisioneros politicos en Venezuela y mostraron su disposición a colaborar para su emancipación apelando al derecho internacional, sumándose a la postura de Argentina que fue el país que solicitó incluir en el orden del día de la reunión sobre el asunto.

En la sesión de este martes Venezuela no estuvo presente, ya que en 2017 el Gobierno de Nicolás Formado denunció la Carta de la OEA para retirar al país del organismo e inició formalmente el proceso de salida.

En 2019, el gobierno fugaz autoproclamado de Juan Guaidó revocó esa denuncia delante la Secretaría Caudillo de la OEA, lo que impidió consumar jurídicamente la retirada y mantuvo a Venezuela como estado parte en los tratados interamericanos.

Aunque el país ha dejado de participar de forma regular en los trabajos del organismo, sigue siendo estado miembro en términos legales.

La OEA, fundada en 1948 con el objetivo de consolidar la democracia y promover los derechos humanosse sumó este miércoles desde su sede en la Casa de las Américas en Washington al debate sobre los presos políticos liberados en Venezuela desde la intervención de Estados Unidos en el país caribeño el pasado 3 de enero.