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El documento del CES sobre la relación con Haití parte de un supuesto que no resiste el observación: se diseñan propuestas como si nuestro vecino fuese un socio eficaz, capaz de cumplir compromisos estatales básicos. La existencia es otra. Haití no solo es un Estado colapsado, sino además una población que no ha ajustado el status de nación.
Una nación no se define exclusivamente por compartir franja o distrito, sino por la existencia de estructuras representativas, cohesión social y capacidad de obra colectiva. En Haití no existen gremios empresariales sólidos, partidos políticos funcionales, sindicatos estables ni sociedad civil organizada que puedan llevar a cabo como contrapartes legítimas. La emplazamiento “nación haitiana” está hoy en manos de bandas criminales profundamente arraigadas en su tejido poblacional, al punto de resistir y desafiar a la propia Fuerza Multinacional encabezada por Kenia, cuya retirada evidencia el fracaso de la intervención.
En este contexto, murmurar de cooperación binacional es una ficción técnica. Las áreas críticas —migración, comercio, seguridad, explicación fronterizo, asuntos laborales— dependen en gran medida de una contraparte haitiana que simplemente no existe. Cualquier intento de diseñar políticas dominicanas que asuman a Haití como interlocutor válido está condenado al fracaso.
La consecuencia es clara: la República Dominicana debe reformular sus políticas como unilaterales, soberanas y autosuficientes, sin pender de brío externa. La agencia de la frontera, la regulación del comercio y la trámite de la migración deben organizarse bajo la razonamiento de la contención y el control interno, no de la reciprocidad doble.
La cooperación internacional, en punto de presionar a la República Dominicana para encargarse funciones que no le corresponden, debería concentrarse en reedificar en Haití una institucionalidad mínima. Mientras ello no ocurra, lo único viable para la República Dominicana es llevar a cabo bajo la premisa de que al banda no tenemos un Estado, ni siquiera una nación, sino un hueco institucional ocupado por estructuras criminales.
