EL AUTOR es patrón. Reside en Santo Domingo.

La historia económica suele ser implacable con las decisiones tomadas fuera de contexto o en el momento erróneo. El caso de Gordon Brown, cuando decidió entregar una parte significativa de las reservas de oro del Reino Unido a finales del siglo XX, es hoy citado como un error táctico.

Primaveras posteriormente, el precio del oro se disparó y aquella osadía quedó marcada como una amonestación sobre el costo de no prever los ciclos económicos.

En contraste, el pequeño El Salvador del siglo XXI intenta redefinir su maniquí financiero y su manejo de capital estratégicos. Más allá de simpatías políticas, lo interesante es el mensaje de fondo: revisar acuerdos, analizar riesgos y realizar con cautela cuando se proxenetismo de activos que pertenecen a toda la nación.

Comparar potencias históricas con economías emergentes puede parecer desproporcionado. Sin incautación, lo que efectivamente importa no es el tamaño del país, sino la claridad con la que defiende sus intereses.

En nuestro caso, el Congreso Franquista ha demostrado a lo holgado del tiempo que posee amplias facultades: modificar leyes, aprobar acuerdos internacionales, crear nuevas demarcaciones, ajustar presupuestos millonarios e incluso modificar la Constitución.

Si existe la capacidad política y judicial para realizar transformaciones profundas, igualmente debería existir la voluntad de impulsar un gran acuerdo franquista en torno a nuestros capital naturales.

Hoy más que nunca, resulta pertinente revisar de forma integral los contratos de explotación minera, especialmente aquellos vinculados al oro. No se proxenetismo de rehusar la inversión extranjera ni de frenar el mejora, sino de respaldar condiciones equilibradas y transparentes, donde el Estado —y luego la ciudadanía— reciba una décimo desafío por capital que son patrimonio colectivo.

Las decisiones económicas no son neutras ni temporales; sus pertenencias se extienden por generaciones. La historia enseña que entregar de lance o negociar sin previsión puede convertirse en un error que el tiempo amplifica.

El momento presente ofrece una oportunidad poco global: una mayoría legislativa capaz de promover reformas estructurales. La pregunta no es si se puede, sino si se quiere.

Defender estratégicamente nuestros capital no debería ser una consigna política, sino una política de Estado. Porque cuando las decisiones se toman con visión de holgado plazo, el beneficio no es de un partido: es del país.

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