Sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya.

La Haya,  3 de diciembre (EFE).- Venezuela advirtió este martes delante los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) que la estabilidad regional en el Caribe está “amenazada” por “un despliegue marcial estadounidense sin precedentes”, una situación que, dijo, “pone en aventura a una región barragana de la paz”.

En su discurso delante la Asamblea de Estados Partes de la CPI en La Haya, el embajador Héctor Constant Rosales, abrió su intervención alertando del despliegue «sin precedentes» que búsqueda desestabilizar el entorno de Venezuela y afectar la soberanía del país.

Situación en Palestina

Venimos en nombre del pueblo y del Gobierno de Venezuela, presidido por el presidente constitucional Nicolás Madurado, a alertar y condenar estas acciones hegemónicas que hoy amenazan la paz regional”, señaló, comparando luego las consecuencias de las sanciones estadounidenses a funcionarios de la CPI con los género de las medidas impuestas contra Caracas.

El diplomático centró parte de su intervención en la situación en Palestina y aseguró que existe una “deuda honrado, jurídica y humana” acumulada durante décadas en dirección a el pueblo palestino, y exigió que la CPI “mire de frente la dimensión del horror, la impunidad y la complicidad que están destruyendo la credibilidad del sistema internacional de ecuanimidad”.

La CPI opera bajo “un clima de intimidación sin precedentes”

El representante venezolano señaló por otra parte que la CPI opera bajo “un clima de intimidación sin precedentes”, producto de “sanciones, amenazas y presiones políticas” dirigidas contra la Fiscalía y los jueces para frenar sus investigaciones. Estados Unidos emitió este año varias sanciones contra nueve funcionarios de la CPI en represalia por las ordenes de arresto emitidas por la situación en Palestina, lo que afecta asimismo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En este sentido, Constant aseguró que Venezuela “sabe lo que significa” el uso de sanciones como “aparato de coerción y chantaje político, incluso a costa del sufrimiento de la población” y pidió a la Corte que determine el “carácter punible” de esas medidas y no permita “que sus decisiones se condicionen por represalias externas”.

“Ocho décadas luego de los juicios de Núremberg, la humanidad vuelve a encontrarse delante un momento que pone a prueba la credibilidad del Derecho Penal Internacional”, sostuvo, recordando que, en 1945, el mundo reconoció que los crímenes más graves no podían salir subordinados a “equilibrios geopolíticos” ni a “conveniencias diplomáticas”, un principio que, dijo, “hoy se ve amenazado” por el retorno “a la coerción y la intimidación”.

Soberanía de Venezuela

Constant asimismo reiteró que su país, como “Estado soberano”, tiene derecho a conducir sus propios procesos penales “sin injerencias externas”, en una crítica a las investigaciones que está llevando la propia CPI sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Asimismo, criticó la audacia anunciada ayer de cerrar la oficina de la Fiscalía en Caracas, asegurando que ello no alterará “el espíritu de cooperación” del Gobierno. “La Corte debe dejar de permitir que la ecuanimidad se convierta en un pertrechos de dominación selectiva, manteniendo un doble raedor que es intolerable, sirve a los poderosos y castiga a los que luchan por su soberanía, osadía e independencia”, afirmó.

Investigación abierta en 2019

La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El Gobierno de Madurado intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema contencioso está llevando a angla investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.