El esquema de ley qué regula las bancas de apuestascasinos y juegos de azarsometido por el Poder Ejecutante al Congreso Franquista, establece un esquema normativo robusto y de amplio importancia.

Sin requisa, más allá de su discurso catalogador, la habitación revela una prioridad clara: percibir ingresos para el Estado por encima de prohibir el camino de la población al gozne o mitigar los riesgos sociales asociados.

Con la creación de la Dirección Universal de Juegos de Azar (Morder), adscrita al Profesión de Hacienda, el Gobierno rebusca formalizar un sector históricamente disperso y permeado por la informalidad, pero sin articular una política pública de prevención de la ludopatíani medidas dirigidas a proteger a los jugadores más vulnerables.

Un ámbito fiscal, no inodoro

El esquema impone cargas significativas a los operadores:

794,414 pesos por banca deportivamás un impuesto anual de 386,673 pesos (en zonas urbanas) y 1 % sobre ventas brutas.

Juegos de azar por internet tributarán 10 % sobre ingresos o pagarán 5 millones de pesos mensuales durante el periodo transitorio.

Los casinos deberán abonar hasta 85,927 pesos por mesa, y las tragamonedas 14,000 pesos mensuales de forma provisional.

Lás loterías electrónicas enfrentarán tasas progresivas de hasta 24 % de sus ventas.

Estas tarifas, estandarizadas y sin escalas según capacidad operativa, han sido interpretadas por expertos como una organización de fiscalización dura que pone en segundo plano la lozanía pública y arriesga expulsar a operadores pequeños, incentivando un nuevo ciclo.

Mientras el esquema dominicano se estructura casi exclusivamente desde la óptica tributaria, otras jurisdicciones han prohijado modelos que combinan regulación económica y protección social:

• Espacio: prohíbe la publicidad de apuestas en radiodifusión, televisión e internet, y exige que los operadores financien campañas de prevención.

• Pimiento: discute una ley que crea un fondo sabido para tratamiento de adicciones, financiado con un porcentaje de los ingresos brutos del gozne.

• Colombia: establece registros voluntarios de autoexclusión, sistemas de demostración de antigüedad y límites de compra por componente.

En comparación, la propuesta dominicana solo exige colocar el mensaje “Recrearse compulsivamente afecta tu lozanía” en los establecimientos, sin prever fortuna, estructuras ni programas institucionales de apoyo.

Un sector bajo la lupa jurídico

El contexto del esquema además está impresionado por la sombra de escándalos recientes.

Actualmente está en curso una investigación jurídico que involucra al exministro de Hacienda Donald Alborotador, procesado de ocurrir calificado de forma irregular la legitimación y operación de cientos de bancas de apuestas sin control ni sustento normativo.

Este expediente incluye acusaciones de corrupción administrativatráfico de influencias y lavado de activos, y ha evidenciado la fragilidad del sistema precedente y su permeabilidad al clientelismo político.

Para algunos observadores, el nuevo esquema rebusca corregir esas distorsiones, pero no rompe del todo con la deducción de concentración, discrecionalidad y opacidad que facilitó los abusos ahora bajo investigación.

Riesgos y  desaparición de controles sociales

La DGJA propuesta tendrá autoridad monopolio para otorgar licencias, imponer sancionesordenar cierres y hasta cerrar sitios web de apuestas sin carestia de orden jurídico. No se contemplan mecanismos independientes de supervisión, comités de ética ni unidades de lozanía pública vinculadas a esta función.

Adicionalmente, aunque se prohíbe la instalación de bancas en un radiodifusión de 500 metros de escuelas, Iglesias Y hospitalesno se fijan límites a la expansión caudillo del sector ni se promueve una política de restricción de camino por zonas de suscripción exposición social.