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Han pasado más de 18 meses desde que el paso a desnivel de la 27 de Febrero con Mayor Gómez colapsó bajo una profusión intensa, llevándose la vida de 9 personas. Una tragedia tan violenta como evitable. En ese momento, todos prometieron respuestas: se creó una comisión, se anunciaron evaluaciones estructurales, se juró no repetir el error.
Hoy, lo que hay es silencio. O peor aún: negligencia con nombre y patronímico.
La convocatoria Comisión para la Supervisión de Infraestructuras Públicas en presencia de el Cambio Climático fue creada tras el desastre. ¿Qué ha hecho? ¿Qué informes ha rendido? ¿A quién ha responsabilizado? Hasta ahora, su trabajo —si ha existido— no ha sido comunicado con transparencia. Mientras tanto, los túneles y pasos a desnivel del Gran Santo Domingo presentan grietas, filtraciones, socavones. Y miedo.
Hace solo horas se hizo vírico un reportaje que muestra el incuria de estas estructuras. Algunas, como el paso de la Kennedy con Lincoln o el túnel de la Ortega y Gasset, presentan riesgos visibles. ¿Y la respuesta del Servicio de Obras Públicas? Pintura, ablución, cortes de grama. Pero no intervención estructural.
El presidente Abinader asumió en su momento una “cuota de responsabilidad” por las muertes. Pero, ¿qué ha hecho el Estado para reparar a las familias de los nueve fallecidos? ¿Qué precedente se está sentando para el resto de los ciudadanos que, fielmente, viven bajo tierra sin conocer si el concreto aguantará otra tormenta?
No es una pregunta retórica:
¿Cuántas vidas más faltan para que esto precio?
En un país donde la improvisación es política pública y la memoria es corta, nos toca como ciudadanos exigir más. No podemos esperar que otro puente colapse, que otro túnel se hunda, que otra raíz no llegue a casa.
No hay excusa. Hay presupuesto. Hay ingenieros. Hay informes. Lo que desliz es voluntad.
