El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

POR PAUL J. MALDONADO B.

En el municipio de Haina se encuentra el llamado Centro Vacacional de Haina, actualmente utilizado por la Dirección Militar de Migración como centro de acopio para extranjeros en situación migratoria irregular. En este división se realizan las depuraciones correspondientes y, de ser necesario, se ejecutan las deportaciones fuera del demarcación dominicano. Encima, este centro todavía recibe a ciudadanos dominicanos repatriados desde el extranjero.

Es importante señalar que, sin importar el status migratorio de una persona, esta nunca pierde su calidad de ser humano ni sus derechos fundamentales, los cuales deben ser garantizados por el Estado que la retiene. Esto no implica que se deba permitir su permanencia ilegal, sino que durante todo el proceso se le debe apuntalar un trato digno y conforme al situación de derechos humanos.

El Centro Vacacional de Haina ha sido objeto de múltiples críticas por presuntas violaciones a los derechos fundamentales de cientos, incluso miles, de ciudadanos extranjeros. Aunque es genuino que un Estado ejerza su derecho soberano de repatriar a quienes no cumplen con los requisitos legales para residir en su demarcación, esto debe hacerse respetando siempre la dignidad humana, lo que haría aun más soberana la deportación.

Por ello, proponemos la creación de la figura del Togado de las Deportaciones, quien tendría un rol activo en los centros de detención de migrantes en todo el país. Este togado estaría encargado de velar por el respeto al adecuado proceso y por los derechos fundamentales de cada persona retenida.

A la vez, tendría la potestad justo de emitir órdenes de deportación en los casos que corresponda y así mismo, ordenar su facilidad pura y simplemente cuando el ciudadano si cumple con los requisitos migratorios del país.

Este maniquí ya funciona en otros países del hemisferio, donde todo extranjero detenido es presentado delante un togado de migratorio en un plazo de 24 a 48 horas de su detención.

El togado evalúa su situación migratoria, y si la persona no cumple con los requisitos legales, se ordena su deportación inmediata, registrando sus datos y circunstancias. Si en cambio se determina que su detención fue injustificada, se ordena su libertad inmediata, figura que debería ser utilizada en nuestro país.

Actualmente, en República Dominicana no está claro si existe un sistema centralizado y organizado de archivo sobre las personas que son deportadas. La creación de este togado permitiría no solo robustecer ese control, sino todavía asegurar que cada caso sea debidamente documentado, y que se conozca cuántas veces una persona ha sido detenida por Migración, teniendo una data migratoria importante.

Nuestro país enfrenta constantes señalamientos internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos en materia migratoria. La implementación de esta figura legislativo ayudaría a desmontar esas críticas, pues permitiría demostrar que cada extranjero ha sido escuchado por una autoridad competente y se le ha poliedro la oportunidad de defenderse, lo cual hoy no ocurre sistemáticamente, dejando al país muy mal parado frente a la comunidad internacional.

Un caso flamante ha sacudido la opinión pública y la comunidad internacional: la crimen de una ciudadana estadounidense que estuvo retenida en el Vacacional de Haina por aproximadamente 60 días ayer de morir.

Según informes de la Dirección Militar de Migración, la mujer estuvo detenida desde finales de abril hasta su crimen a finales de junio, sin ocurrir gastado a un togado, abogado, ni recibido una audacia formal sobre su status. Esta situación constituye una forma de detención arbitraria e inconstitucional que como sociedad debemos corregir con emergencia.

Este caso marca un ayer y un luego. El Estado dominicano, unido al Poder Legislador, debe considerar seriamente la creación del Togado de las Deportaciones como una figura que proteja derechos, brinde viejo legalidad al proceso migratorio y refuerce el sistema de probidad.

Una democracia tan sólida como la dominicana no puede permitirse ensuciar su imagen por no asegurar el adecuado proceso de ley. Al respetar los derechos humanos, todavía fortalecemos nuestra soberanía y nuestra institucionalidad.///

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