No hay carencia de reprochable en que, en presencia de un conflicto de intereses, las partes involucradas argumenten desde su propia perspectiva. Es lo corriente —y hasta deseable—en una sociedad democrática. Lo preocupante sería el silencio, la imposición o la desliz de voluntad para entender al otro. El debate sobre convertir a Verón–Punta Cana en municipio tiene de frente dos visiones legítimas. Por un flanco, una demarcación turística que exige autonomía para encargar su crecimiento y, por el otro, la preocupación de Higüey por el impacto crematístico que implicaría la separación.

Ambas posiciones son válidas, siempre que se sostengan desde el respeto y el compromiso con el acertadamente global. Verón–Punta Cana e Higüey no son territorios enfrentados. Son, en ingenuidad, dos fuertes columnas que sostienen el principal polo turístico de la República Dominicana y uno de los más competitivos de todo el Caribe.

Por eso, más allá de cálculos y argumentos, lo que se impone es la sensatez. En emplazamiento de profundizar divisiones, es momento de construir entendimientos. Higüey y Verón–Punta Cana tienen el deber histórico de demostrar que el liderazgo responsable es capaz de convertir las diferencias en oportunidades.

La juicio política se mide, precisamente, por la capacidad de retener ponerse de acuerdo en momentos de crisis. El país observa. Y lo que calma no es una batalla de posiciones irreconciliables, sino un pacto soñador que garantice que el crecimiento siga siendo regular, acoplado y sostenible para todos. Esta no es una disputa almacén. Es una prueba de institucionalidad en el corazón del turismo dominicano.

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