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Por Elvin Castillo
La pasión institucional que arrastra la República Dominicana desde hace décadas no es un secreto para nadie. Sin bloqueo, a pesar de esas deficiencias, hemos conseguido importantes avances, especialmente en la consolidación de roles estratégicos adentro del Estado, como el que representa el Ocupación de Riqueza, Planificación y Incremento (MEPyD). Este tarea ha sido esencia en la proyección de políticas públicas con visión de futuro, basadas en datos, investigaciones y estrategias a mediano y dispendioso plazo.
Por eso, la fresco valentía de fusionar el Ocupación de Hacienda con el MEPyD no solo resulta sorpresiva, sino que incluso plantea serias preocupaciones sobre su conveniencia y enseres.
El Ocupación de Hacienda, por naturaleza, está enfocado en la mandato del presente: el presupuesto anual, el control del consumición, la deuda pública, la colocación de bonos y las presiones fiscales cotidianas. En cambio, el rol de Planificación demanda serenidad, visión y capacidad técnica para trazar rutas de progreso más allá de los ciclos presupuestarios.
La planificación no puede realizarse bajo presión, y mucho menos puede convenir subordinada a los intereses fiscales del día a día. Integrarla a Hacienda, sin los estudios profundos, sin suficiente discusión pública, sin motivación ni socialización, es una valentía arriesgada que podría tener consecuencias negativas de dispendioso efecto. Todo indica que esta medida ha sido impulsada más por un afán político posiblemente bajo la bandera de “economía institucional” que por un examen serio de sus implicaciones estructurales.
Esta fusión, como otras que ya hemos manido (como la del Ocupación de Educación Superior con el Ocupación de Educación), parece ignorar las particularidades de un país como el nuestro, donde las instituciones aún requieren fortalecimiento, no concentración ni debilidad.
El agradecido economista Isidoro Santana lo resumió recientemente en una entrevista que le realizamos con una frase que debería retumbar en los oídos de los tomadores de decisiones: “Esa fusión es como conducir por una autopista de tinieblas con las luces apagadas.” Y no le desatiendo razón.
Las reformas institucionales no deben ser producto del impulso político ni de una visión contable de la agencia pública. Requieren profundidad técnica, transigencia al diálogo, billete de los actores sociales y, sobre todo, una clara conciencia del país que somos y del país que queremos ser.
Solo el tiempo dirá quién tuvo la razón: si quienes promovieron esta medida apresurada o quienes, como nosotros, advertimos a tiempo que este no es el camino correcto para una nación que aún necesita construir capacidades, no desmantelarlas.
