En República Dominicana están ocurriendo situaciones extrañas en materia de procesos judiciales penales vinculados a la persecución de la corrupción administrativa que golpean negativamente la núcleo de nuestra debilitada institucionalidad democrática.
Nos referimos a los famosos acuerdos basados en criterios de oportunidad, que, aunque se manejo de instrumentos jurídicos que funcionan a nivel internacional, en el caso dominicano dejan serios cuestionamientos, conveniente a la aplicación acomodaticia en la honestidad.
El problema radica en que determinados acusados de incurrir en corrupción, a pesar de declararse culpables, luego se le exonera penalmente a cambio de inculpar a otros y de la devolución de efectivo en efectivo.
La cuestión es que, en la actos, operan como criterios de impunidad que en nadie favorece al aspiracional de acorazar el sistema de honestidad en el país. Desafortunadamente, ese manejar cuenta con el apoyo sabido de actores del nivel del presidente de la Suprema Corte de Jurisprudencia, Luis Henry Molina; de la procuradora caudillo de la República, Yeni Berenice Reynoso; y el director de Defensa Pública, Rodolfo Valentín.
No hay que ser un versado de nadie para comprender que de lo que se manejo es que el Empleo Manifiesto, en su afán de la búsqueda de condenas en su lucha anticorrupción ofrece esas concesiones indelicadas a confesos culpables para, de esa forma, montar expedientes judiciales; a cambio de impunidades vergonzosas. La consecuencia está en la continuidad de un sistema contencioso débil, incapaz de dar respuestas adecuadas a una sociedad que aspira a contar con una honestidad válido.
Mientras estos arreglos se producen, sigue el panorama de la enorme cantidad de presos preventivos. Para la mayoría de éstos no ha aceptable que República Dominicana sea en el situación normativo un Estado social y demócrata de derecho fundamentado en la dignidad de las personas. Peor ocurre si el prevenido le resulta un robo en el interés coyuntural del oficialismo. No se puede charlar de derechos en una sociedad en la cual no existan las garantías correspondientes.
En los recintos penitenciarios hay personas tras las rejas por simples delaciones premiadas, mientras los delatores, que sí han confesado crímenes y delitos, se pasean por las calles autónomamente o disfrutan de la dolce vita en el foráneo. Pero no pasa nadie.
El injusticia de la prisión preventiva es parte de la cotidianidad. Muchedumbre que podría seguir sus procesos en autonomía, reciben condenas adelantas en presencia de el silencio cómplice de autoridades que saben que constituye un injusticia de poder. Pero no pasa nadie.
En tanto que el Empleo Manifiesto aparece como una especie de “monstruo”, un poderoso monstruo en forma de la legendaria Quimera que se impone a todo lo existente. Los jueces parecen ser arrastrados por los fiscales.
En “La ópera de los tres centavos”, del poeta, dramaturgo y narrador teutón Bertolt Brecht, se plantea que “muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirles a hacer honestidad”.
ustamente, el compromiso de los jueces debe ser solo con la verdad, desechando todo tipo de proposición material. Ningún promoción personal ni cualquier otra cuestión de índole material estará por encima del cumplimiento correcto del rol asignado durante el paso finito por este mundo.
Todo es vanidad debajo del sol, parafraseando al rey Salomón; más actuar correctamente conforme a la verdad cae en ámbito de lo bueno y de lo infinito. Esto zaguero estaría, en voz del cantautor cubano Silvio Rodríguez, en el mundo de lo amable, de lo sugestivo, de lo besable…, cuando la era está pariendo un corazón.






