
Seguro Franquista de Vigor | Foto: Senasa
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Notorio (ERPP) informó este martes que depositó formalmente una querella con constitución en actor civil por las presuntas irregularidades cometidas en perjuicio del Seguro Franquista de Vigor (SeNaSa) y del Estado dominicano.
El colectivo de abogados, contratado por el Poder Ejecutante para representar a entidades públicas víctimas de corrupción, explicó que la movimiento legislativo se dirige contra todas las personas físicas y jurídicas identificadas por el Servicio Notorio como presuntos implicados, sin descartar a otros posibles señalados durante el curso de la investigación.
El ERPP enfatizó que su intervención escudriñamiento no solo que se establezcan las responsabilidades penales correspondientes, sino además que los involucrados asuman la reparación integral del daño causado, mediante la devolución de fortuna sustraídos y la compensación por los perjuicios provocados al Estado y a la institucionalidad.
La entidad destacó que actuará en estrecha coordinación con el Servicio Notorio, respetando sus competencias, pero ejerciendo plenamente su rol de querellante y actor civil para apuntalar que la dimensión patrimonial del supuesto fraude no quede impune.
El documento señala que este caso reviste singular reserva, al tratarse de fondos destinados a servicios de lozanía para la población más abandonado. Detalla que la trama investigada incluye desde presuntos sobornos millonarios hasta el falseamiento de documentos para desviar fortuna asignados a medicamentos y procedimientos médicos.
“Lo que aquí se describe desgarra el alma”, expresó el ERPP, calificando el expediente como uno de los atentados más graves documentados en el país contra la vida y la lozanía de la ciudadanía.
Correcto a la sensibilidad del caso, el equipo de abogados anunció que asumirá la representación justo de modo totalmente pro bono, sin cobrar honorarios al Estado dominicano, con el objetivo de evitar cargas adicionales a los fortuna públicos afectados.
Finalmente, la ordenamiento reafirmó su compromiso de respaldar al Servicio Notorio, impulsar la investigación hasta sus últimas consecuencias “sin importar quién sea” y perseguir la recuperación de todos los fondos posibles, para que estos vuelvan a convertirse en servicios de lozanía para la población.






