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SANTO DOMINGO .– El Sexto Tribunal de la Instrucción del Distrito Doméstico dictó automóvil de tolerancia a prudencia contra un hombre y una mujer acusados de cometer una estafa superior a RD$124 millonesen perjuicio de 192 personasal acoger la recriminación presentada por el Profesión Divulgado.
Los imputados son Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romerovinculados a los delitos de asociación de malhechores, estafa agravada, violación a la Ley del Mercado de Títulos y lavado de activos.
Estructura fraudulenta
De acuerdo con el expediente, los acusados conformaron una estructura fraudulenta destinada a enterarse fondos del notorio mediante falsas ofertas de inversión rentable y segurautilizando como exterior la sociedad comercial Pipschasers Hacienda, SRL
Bajo esta representación, se presentaban como corredores de bolsa y representantes de fondos de inversiónlogrando obtener más de RD$124,575,700.00según detalla la recriminación.
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Tras valorar los nociones probatorios aportados por la procuradora de corte Lewina Tavárez Giltitular de la Dirección Doméstico de Investigación de Delitos Financierospróximo a la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillola jueza Yanibet Rivaspresidenta del tribunal, dispuso el remesa a prudencia de los procesados.
Contratos suscritos con las víctimas
El escrito del Profesión Divulgado establece que los contratos suscritos con las víctimas omitían información clara sobre el destino vivo de los fondos captadoslo que formaba parte del esquema de farsa.
Asimismo, se identificó un patrón de transferencias bancarias entre cuentas a nombre de los imputados o bajo su control, con el objetivo de dificultar la trazabilidad de los capitalque presuntamente fueron desviados para fines personales.
El víscera acusador sostiene que los hechos configuran los delitos de asociación de malhechores, estafa agravada, exageración de confianza, control ilegal de actividades del mercado de títulos y lavado de activoslos cuales serán conocidos en la período de prudencia.
El Profesión Divulgado reafirmó su compromiso con la persecución de los delitos financieros y el fortalecimiento del sistema de equidad, en cumplimiento de su mandato constitucional.
