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Palacio de Equidad de Santiago I Foto: PGR
Un tribunal de Santiago impuso medidas de coerción, prisión preventiva en cuatro de los casos, a los merienda policías imputados de derrumbar a cinco hombres en la tarde del pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, en dicha ciudad, informó la pasada tinieblas el Empleo Manifiesto.
La prisión preventiva se aplicó al raso José Octavio Jiménez Peña, al autoritario decano Sócrates Fidel Féliz Féliz, al autoritario Hairo Mateo Morillo y al final Yohandy Carnación, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, indicó la Fiscalía en un comunicado.
Encima, se impuso una respaldo económica de un millón de pesos, a través de una compañía aseguradora, así como la prohibición de salir del país y una obligación de presentación periódica a las autoridades contra los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Egregio Martínez Trinidad y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
El tribunal acogió incluso la solicitud del Empleo Manifiesto al autorizar una orden de protección en ayuda de las víctimas y testigos del proceso.
Los policías están acusados y procesados por la asesinato de Elvis Antonio Martínez Rodríguez ‘Deivito’, de 26 abriles; Julio Alberto Gómez ‘la Tabla’, de 28 abriles; Carlos Enrique Guzmán Navarro ‘el Charly’ y/o ‘Charli Chasc’, de 40 abriles; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 abriles, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 abriles.
El Empleo Manifiesto señaló en el proceso que “luego de cometer el hecho, los imputados desarrollaron una serie de acciones con el objetivo de ocultar evidencias y entorpecer la investigación posterior”.
En la solicitud de medidas de coerción de la Fiscalía se estableció que los agentes policiales llegaron a la plaza en tres vehículos (dos carros: un Mazda y un Honda Civic) y un KIA, maniquí K5, del año 2013.
“Los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas en presencia de una persona informante que pudo memorizar lo sucedido y a quien los imputados le quitaron su teléfono móvil”, añadió la Fiscalía.
Encima, los agentes sustrajeron las grabadoras de vídeo digital (DVR) de los negocios del puesto donde ocurrieron los hechos, así como varios teléfonos de personas presentes allí “con el interés de destruir evidencias del proceso, así como para entorpecer y obstruir la investigación”, indicó en su solicitud el Empleo Manifiesto.
El caso obtuvo la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal dominicano que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
La audiencia, en la que la jueza Yerixa Cabral de la Cruz impuso las medidas de coerción, duró más de seis horas con dos recesos de aproximadamente media hora cada uno.
