Ya entró en vigor en Estados Unidos el impuesto del 1% a las remesas en efectivo, giros postales y cheques, establecido mediante la ley One Big Beautiful Bill, la cual impacta a los envíos de migrantes y libera a los realizados por los ciudadanos de ese país.

El impuesto entró en operación el pasado 1 de este mes y deja disponible las transferencias digitales o bancarias, y según reportes internacionales crea una gran controversia, porque muchos migrantes carecen de cuentas bancarias en Estados Unidos.

México dispone de medios para esos fines, pero para evitar el impuesto a sus ciudadanos y que las remesas bajen por esa causa, ha anunciado una polímero bancaria que permita hacer transacciones hasta los US$10,000 por mes, pagando una tarifa fija de US$2.50 por cada transacción.

Según una publicación de la empresa especializada en envíos de fortuna Wise, con sede en Londres, “la ley podría afectar a quienes viven en Estados Unidos y envían fortuna regularmente al exógeno a amigos y familiares y pagan en efectivo, cheques o giros postales” y cita como ejemplo a los estudiantes internacionales que envían fortuna a sus familias en su país de origen, o los ciudadanos no estadounidenses que pagan regularmente por servicios en el extranjero.

Recuerda que la Gran y Hermosa Ley ha pasado por numerosas interacciones ayer de alcanzar su tasa presente del 1%, ya que la propuesta original fue de una tarifa del 5%, pero la Cámara de Representantes la bajó al 3.5% hasta que quedó en 1%.

Encima de México, se verán afectados migrantes de India, Filipinas, China y América Latina y el Caribe, incluyendo a República Dominicana.

Según el economista del Porción Mundial, Dilip Ratha, Estados Unidos es el principal país emisor de remesas, especialmente para América Latina y el Caribe, a cuyos países son enviados capital de sus migrantes para ayudas y alimentos, especialmente cuando ocurren catástrofes.

Ingresos vitales

Las remesas enviadas por los trabajadores migrantes proporcionan ingresos vitales a millones de personas en las economías en mejora, en su blog: Remesas Resilientes, publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Indica que la forma más económicas de realizar envíos son las billeteras digitales a través de teléfonos inteligentes, pero que “el mercado de remesas es notoriamente oligopólico: una estructura similar a un cártel con un pequeño número de proveedores que ejercen el control a través de sus propias redes exclusivas”.

Encima está condicionado por engorrosas regulaciones destinadas a combatir el lavado de fortuna y la financiación del terrorismo, lo que sofoca la competencia y ha hecho que muchos bancos se nieguen a prestar servicios de corresponsalía bancaria a las empresas de transferencia de fortuna, especialmente a las startups fintech, por temor a infringir la norma.

Estas prácticas de “reducción de riesgos” han llevado a los bancos a cerrar las cuentas de muchas empresas de transferencia de fortuna, especialmente las que prestan servicios a economías frágiles, señala.

En el caso dominicano, el “Center for Entero Development” estima que para RD la caída anual en remesas podría ser de unos US$234 millones, reveló en julio pasado el economista Nassim Alemany.

En ese momento, el igualmente economista, Luis Manuel Piantini, consideró que el 1% de impuesto peculiar a las remesas enviadas por migrantes desde Estados Unidos, debería ser asumido por las empresas locales de envíos, con un tope, como una forma de no afectar esos fondos que representan el 10% del producto interno bruto dominicano (PIB), tomando en cuenta que oscilan entre US$10,000 y US$11,000 millones anuales.

A su entender, no cree que el 1% vaya a crear problemas en cuanto monto de los envíos, y lo considera “insignificante”, comparado con el costo de los envíos en el país, por lo que pudiera ser asumido por las empresas locales con una deducción del 10% al 9% o del 5% al 4%, con un tope.

La medida excluye del impuesto el pedido de los ciudadanos estadounidenses, si lo hacen desde una entidad bancaria estadounidense o mediante tarjetas de débito y crédito emitidas en EE.UU.

Para el decano de la Escuela de Bienes de la UASD, Antonio Ciriaco Cruz, el impacto del 1% a las remesas, consentido en el senado de los EE.UU. será insignificante en el país, considerando que la aplicación del impuesto es para aquellos inmigrantes que estén en condiciones de indocumentados, Según opinó en julio pasado, luego de la aprobación de la ley.

“Si hay cerca de de 236,000 dominicanos indocumentados y los envíos promedio mensual son de US$254.6, su impacto sería de aproximadamente de US$100 millones anuales. Obviamente, en el país cerca de de 400,000 hogares dominicanos, que representan el 11.8% de todos los hogares en el país, reciben remesas. Estas remesas juegan un papel crucial en la hacienda dominicana, representando cerca de del 26% de los ingresos totales de los hogares que las reciben”, dijo.

Sepa más

Carga

• La ley “contempla excepciones para ciudadanos y nacionales de Estados Unidos”. Y, en esos casos, el impuesto no se aplicará si las remesas se realizan mediante un “proveedor calificado de transferencias de remesas”, que ha suscrito un acuerdo con el Área del Hacienda para demostrar el status del remitente.

• El impuesto deberá ser cobrado a quien envía por el proveedor del servicio de remesas, quien será responsable de remitir el monto recaudado al Área del Hacienda de forma trimestral. Si el impuesto no sea recaudado en el momento del pedido, el proveedor será considerado responsable secundario del plazo.

• Asimismo establece un crédito fiscal para ciudadanos y nacionales de Estados Unidos, equivalente al monto del impuesto pagado por concepto de remesas durante el año fiscal y para exigir ese crédito los contribuyentes deberán presentar su número de seguro social y demostrar que el impuesto fue pagado.

• Encima, los proveedores de remesas estarán obligados a presentar reportes periódicos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) con información detallada sobre las transferencias realizadas, los impuestos cobrados y los remitentes que hayan notorio intención de exigir el crédito fiscal.