Santo Domingo. – A partir de este miércoles entra oficialmente en vigencia la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, una reglamento que introduce cambios estructurales al sistema de compras del Estado dominicano, con pedantería en la transparencia, el fortalecimiento de las mipymes
(Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) y el combate a la corrupción.

La ley comienza a aplicarse tras cumplirse el plazo de 180 días desde su promulgación por el presidente Luis Abinader el 28 de julio del año pasado, marcando un antiguamente y un a posteriori en la forma en que las instituciones públicas gestionan sus procesos de adquisición de ingresos, servicios y obras.

Con motivo de su entrada en vigor, el presidente Abinader encabezará este miércoles un acto oficial en el Palacio Doméstico, donde firmará el decreto que aprueba el Reglamento de Aplicación Caudillo de la ley, utensilio esencia que traduce los principios del nuevo entorno lícito en procedimientos concretos, definiendo estándares, plazos y responsabilidades para los actores del Sistema Doméstico de Contrataciones Públicas.

La Dirección Caudillo de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que la implementación de la reglamento será sucesivo y estará acompañada de un proceso de capacitación y cooperación técnica a las unidades de compras de las instituciones públicas, a fin de asegurar una transición ordenada y efectiva.

“El despliegue sucesivo asegura que cada etapa cuente con el respaldo reglamentario necesario, brindando certeza y pasos claros para todos los actores del sistema”, afirmó el director común de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

Principales novedades

Con su entrada en vigencia, la Ley 47-25 introduce transformaciones significativas al régimen de compras públicas. Entre los cambios más relevantes se destaca el fortalecimiento de la décimo de las mipymes y de las mipymes lideradas por mujeres, al elevar del 20% al 30% la reserva del presupuesto de compras del Estado destinada a estos sectores.

La reglamento asimismo endurece el régimen de consecuencias para organizar y sancionar actos de corrupción, incorpora nuevas modalidades de contratación y establece el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), con el objetivo de asegurar anciano trazabilidad, control y llegada a la información.

Asimismo, la ley integra criterios medioambientales y de sostenibilidad en los procesos de adquisición pública, alineando las compras del Estado con prácticas responsables y estándares modernos de trámite.

La DGCP anunció que este jueves emitirá una resolución que orientará los próximos pasos institucionales para estabilizar la correcta implementación de la Ley 47-25 en todas las entidades sujetas a su ámbito de aplicación.