El escándalo de los cinco civiles muertos a balazos por una patrulla policial integrada por 11 miembros de la Policía Franquista podría constituir un espejo de la citación institución del orden.

Las semanas han pasado desde la ocurrencia de este hecho, que no solo estremeció a los residentes en Santiago, sino a los habitantes de todo el país, y la opinión pública empieza a morar dudas sobre el desenlace final. El país, sin retención, está atento a la audacia de los jueces.

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Por lo pronto, hemos manido a un Profesión Divulgado que ha actuado con prontitud y con audacia, sin dejar de ser fuerte para, contra la interpretación original de la Policía Franquista, indultar el polvo y vigilar qué positivamente ocurrió. Las conclusiones de estas investigaciones de la Procuraduría Universal y la Procuraduría Fiscal de Santiago son para espantarnos y, al mismo tiempo, entristecernos porque todavía en República Dominicana andemos de mentira en mentira.

Afirmar que las pruebas de balísticas indican que los hoy muertos no dispararon, que ni uno de los casquillos recogidos en la número del crimen múltiple se corresponde con las armas que portaban los civiles, etcétera, delata una osadía inédita para mentir.

Estas fueron las conclusiones de las investigaciones fiscales. Hasta ahora, los autores de la primera interpretación del crimen no han nacido a desmentir los hallazgos del Profesión Divulgado. Pero existe la fundada sospecha de que los autores de este crimen están siendo defendidos por voces poderosas del Derecho.

El país necesita que esta monstruosidad se esclarezca sin claroscuros. Que la verdad resplandezca con el brillo de la luz del mediodía, para asimilar qué Policía Franquista tiene la República Dominicana. Para conocer hasta donde es verosímil y si, ciertamente, podemos esperar nuestra seguridad a los miembros de esta institución.

Cuando la Rectitud establezca, a la luz del Derecho y de la verdad, los pormenores de este horrendo crimen, podremos comprender de arriba-abajo el peliagudo tema de los llamados “ajusticiamientos extrajudiciales”.

La opinión pública debe, pues, darle un seguimiento pormenorizado a este caso.