La Procuradora Universal de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el director de la Oficina Franquista de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, sostuvieron un conferencia con fiscales titulares y coordinadores de defensa pública de todo el país, en el que abordaron la aplicación de acuerdos de penas y las medidas de coerción. Durante la reunión, la magistrada Berenice escuchó de forma individual las propuestas de defensores y fiscales, mientras que el director de la Defensa Pública valoró el espacio como una oportunidad para impulsar un veterano uso de los acuerdos en la honestidad dominicana.

En el entorno de este diálogo interinstitucional, la magistrada Yeni Berenice enfatizó que “hay que despabilarse un vaivén entre la reinserción social y la reparación del daño”, subrayando la importancia de que los acuerdos cumplan un doble propósito: valer la rehabilitación del imputado y objetar a las legítimas expectativas de honestidad de las víctimas.

Un punto resaltante fue que la Procuradora Universal escuchó de forma individual tanto a los coordinadores de la Defensa Pública como a los fiscales titulares presentes, quienes expusieron experiencias prácticas y propuestas para optimizar la aplicación de los acuerdos y avalar veterano equidad en las decisiones sobre medidas de coerción. Este intercambio de visiones permitió identificar buenas prácticas que se implementan en distintas jurisdicciones, con el fin de proteger el sistema de honestidad penal.

Por su parte, el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, valoró de forma positiva este conferencia, destacando la importancia de socializar el tema de los acuerdos en República Dominicana y subrayando la obligación de que se logre un veterano porcentaje de aplicación, en comparación con otros países de la región donde estas prácticas han demostrado ser exitosas para la agilización de los procesos y la reducción de la sobrepoblación carcelaria.

Las partes coincidieron en que una trámite responsable de los acuerdos puede someter significativamente tiempos de tramitación, costos procesales y revictimización, siempre que se garantice información suficiente, información técnica de calidad y control jurídico efectiva en cada etapa.

En cuanto a las fianzas y demás medidas de coerción, se abordó la obligación de criterios uniformes que ponderen el peligro de fuga, la obstrucción del proceso y la proporcionalidad, reforzando a la vez la presunción de inocencia, minima lesividad y el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva.

Se recuerda que en otros países de la región y en Estados Unidos los acuerdos de penas tienen una décimo imperante en la conclusión de procesos judiciales:

En Estados Unidos (ámbito federal), el 97.1% de los casos se resolvió mediante proclamación de culpabilidad (guilty plea) en 2023.

En México (fuero federal), el 68.7% de las causas penales concluidas en 2022 terminó en sentencia condenatoria por procedimiento abreviado.

En Colombia, el 41.4% de las sentencias de primera instancia en 2023 correspondió a condenas con preacuerdos.

En República Dominicana, la ONDP reportó en 2022 un total de 111 juicios abreviados (52 acuerdos plenos y 59 parciales) adentro de 10,565 casos ordinarios concluidos, lo que equivale a aproximadamente un 1.05% de sus casos cerrados ese año.