El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos está poniendo en aventura las aspiraciones universitarias de miles de estudiantes centroamericanos indocumentados que cada año culminan la secundaria. Un mensaje nuevo del Migration Policy Institute (MPI), manufacturado próximo a la Oficina del Censo, estima que unos 34 mil jóvenes de la región podrían obtener su diploma, pero enfrentan un ambiente de crecientes restricciones legales que limita su camino a la educación superior.

El estudio indica que cerca de 90 mil estudiantes indocumentados cursan el postrero año de secundaria en cada ciclo escolar, de los cuales aproximadamente 75 mil logran graduarse. De ese total, los centroamericanos representan el 38%, con una presencia destacada de jóvenes de Honduras (15%), Guatemala (14%) y El Salvador (9%). En términos absolutos, más o menos de 8 mil salvadoreños alcanzarían el escalón este año. El mensaje subraya que estos estudiantes concluyen su etapa escolar en medio de cambios legislativos rápidos que influyen directamente en sus oportunidades futuras.

El contexto migratorio del país todavía ha cambiado de forma significativa en las últimas dos décadas. El MPI calcula que a mediados de 2023 residían 13,7 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, frente a 10,5 millones en 2010. Aunque la proporción de migrantes de origen mexicano ha disminuido, los flujos recientes se han diversificado con nuevas llegadas desde Centroamérica, Asia y África. Casi la medio de los estudiantes indocumentados se concentra en Texas, California, Florida y Nueva York, donde las políticas estatales determinan en gran medida sus opciones educativas.

Sin secuestro, el principal desgracia ha llegado por la vía legislativa y jurídico. Desde inicios de 2025, varios estados han eliminado beneficios que durante dos décadas permitieron a graduados indocumentados remunerar matrícula estatal en universidades públicas. Florida revocó esa política por osadía legislativa, mientras que Texas y Oklahoma la perdieron por fallos federales. A nivel franquista, el software DACA continúa cerrado a nuevos solicitantes desde 2017, y sus reglas actuales impedirían que menores de 18 abriles accedan al beneficio en 2025, incluso si se reabriera. Otras protecciones como el TPS todavía han sido restringidas durante el mandato del presidente Donald Trump.

El endurecimiento migratorio no solo afecta la universidad, sino la permanencia en la escuela. El MPI advierte que el aumento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras la exterminio de la política de “lugares sensibles”, ha generado temor entre familias. En distritos de California con redadas recientes, las ausencias escolares subieron un 22% a inicios de 2025, mientras que en Durham, Carolina del Ártico, más de una cuarta parte del alumnado faltó a clases tras operativos migratorios. Aunque algunos legisladores han amenazado con impugnar el veredicto Plyler contra Doe (1982), que garantiza educación pública sin importar el status migratorio, ninguna ley estatal ha acabado aún restringir ese derecho.

Fuente: Infobae

glz