Por sara meyer

Colombia volvió hace poco a mirarse en el espejo de su propia historia. No en el de los héroes ni en el de las gestas, sino en aquel que devuelve la imagen incómoda de la eliminación, la violencia y el dolor acumulado durante más de medio siglo de conflicto armado. La Mando Peculiar para la Paz (JEP), piedra angular del acuerdo firmado en 2016 entre el Estado y la partida de las FARC, dictó en al punto que dos días dos sentencias que ya marcan un hito. El martes 16 de setiembre, contra la antigua cúpula de las FARC por el secuestro masivo y sistemático; y el jueves 18, contra oficiales del Ejército responsables de ejecuciones extrajudiciales, los tristemente célebres “falsos positivos”.

El arbitraje contra la cúpula de las FARC

En un mismo movimiento se reconoció la responsabilidad penal de los máximos comandantes insurgentes y de altos mandos militares. El mensaje es claro: en Colombia no hubo un solo victimario, sino múltiples dinámicas de violencia en las que tanto actores estatales como no estatales perpetraron atrocidades. La razón de la paz quiso subrayar desde su inicio la imparcialidad y el estabilidad: aquí no se juzga a un solo mandato, sino a todos los que hicieron del país un campo de linaje.

Las críticas, sin requisa, no se hicieron esperar. Muchos se preguntan cómo es posible que crímenes de eliminación y de lesa humanidad no deriven en largas condenas de gayola. Para quienes miran la razón desde un prisma retributivo, las sanciones propias de hasta ocho primaveras –en régimen restaurativo y no tras las rejas– resultan insuficientes, casi una afrenta frente al sufrimiento de las víctimas. Pero la deducción de la razón transicional es otra: ¿de qué sirve encerrar a los victimarios si con ello no se recupera la verdad ni se logra ubicar los cuerpos de los desaparecidos?

La JEP privilegia la verdad completa y el registro divulgado de la responsabilidad como condiciones para aplicar penas alternativas. El afectación está puesto en que los responsables reconozcan, en audiencias públicas y frente a las víctimas, la atrocidad de sus crímenes. Ese aspaviento, aunque insuficiente para cerrar heridas, puede convertirse en una semilla de reconciliación en un país donde la razón ordinaria nunca logró tocar a los máximos responsables de dichos crímenes.

El arbitraje contra ocho exintegrantes del secretariado de las FARC es demoledor. Más de seiscientas páginas documentan la experiencia sistemática de secuestros masivos como método de financiación y control territorial. Se acreditaron más de cuatro mil víctimas directas, hombres y mujeres privados de la arbitrio por primaveras. Los excomandantes aceptaron su responsabilidad y pidieron perdón en actos públicos. Eso no se ha pasado antaño. Algunas comunidades de víctimas ya han recibido esas disculpas en ceremonias colectivas desde el acuerdo de paz 2016. Sin requisa, muchas voces cuestionaron que la sentencia no detallara con suficiente precisión cómo y cuándo los sancionados cumplirán sus trabajos restaurativos, ni qué proyectos concretos se implementarán. Las víctimas esperaban claridad sobre cómo se transformará el dolor en reparación efectiva.

Los “falsos positivos”: un crimen de Estado

El otro arbitraje se centra en la experiencia macabra de los “falsos positivos”. Entre 2002 y 2005, en la región Caribe, al menos 135 jóvenes campesinos, afrodescendientes, indígenas fueron engañados con falsas promesas de empleo, asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate. A cambio, los militares recibían recompensas y cumplían con la presión de mostrar resultados.

El tribunal concluyó que no se trató de hechos aislados, sino de un plan criminal con deducción institucional, en connivencia con estructuras paramilitares. La sentencia mostró el patrón de una experiencia sistemática que, según la Fiscalía, dejó al menos 6.402 víctimas en todo el país. El Batallón La Popa en Valledupar se convirtió en un engranaje de una maquinaria de crimen que golpeó a las comunidades más pobres y olvidadas. El arbitraje reconoce, por otra parte, que bajo esa experiencia fueron asesinadas personas en condición de discapacidad y menores de existencia. La verdad revelada por la JEP no solo restituye la dignidad de las víctimas, sino que desmonta el mito de que fueron “errores” aislados. Fue un crimen de Estado, planificado y ejecutado.

Más allá del contenido forense, hay un debate político de fondo. Resulta perturbador para muchos colombianos que los antiguos jefes guerrilleros, hoy convertidos en dirigentes de un partido político admitido, puedan aspirar a cargos de votación popular pese a estar condenados por crímenes atroces. El próximo año, de hecho, Colombia vivirá elecciones en las que algunos de estos excomandantes podrían participar. ¿Es legal? La pregunta divide. Para algunos es inaceptable; para otros, es precisamente el costo de la paz.

La razón transicional apostó por la reintegración política como un medio para variar las armas en palabras. Lo que a primera tino parece indignante, cobra sentido si se observa desde la perspectiva de un objetivo decano: Poner fin a la eliminación y a la impunidad, y brindar caminos de reconciliación: ese es el horizonte que se dibuja. Aunque una parte de los críticos insiste en charlar de “impunidad”, el presidente de la JEP no rehuyó el debate y recordó que la verdadera impunidad sería no investigar estos crímenes. Y tiene toda la razón. Lo que este tribunal ha hecho no tiene precedentes en la historia de Colombia: escuchar a las víctimas, hacer que los máximos responsables reconozcan sus atrocidades y dictar una sentencia que, allí de encubrir, expone con crudeza lo ocurrido. Ese arbitraje histórico no es homólogo de impunidad; es, por el contrario, su antítesis.

La JEP no nació en el vano. Su diseño se inspiró en experiencias internacionales como los tribunales de Ruanda y la ex-Yugoslavia, pero con innovaciones propias: billete activa de las víctimas, enfoque étnico y sanciones restaurativas. Que magistradas y magistrados indígenas y afro-descendientes forman parte de la institución no es un detalle beocio; es un registro a que el conflicto golpeó con particular crudeza a pueblos históricamente marginados. Nunca antaño un tribunal había conseguido que antiguos comandantes guerrilleros reconocieran públicamente su responsabilidad delante miles de víctimas ni que altos mandos militares aceptaran su papel en crímenes sistemáticos. Internacionalmente, estas sentencias son vistas como un referente para futuros procesos de razón transicional en el mundo, que nos están esperando.

¿Cómo se va a reparar?

La decano crítica no se centra sólo en la “suavidad” de las sanciones, sino en la imprecisión sobre cómo se implementarán los proyectos restaurativos. Las víctimas reclaman planes concretos, financiamiento y garantías de cumplimiento. La sociedad colombiana, aún marcada por la desconfianza, necesita certezas de que los responsables no solo pedirán perdón, sino que repararán de forma tangible. El desafío es monumental: variar el castigo en reconstrucción social, convertir la verdad en reconciliación y hacer de la memoria un cimiento para que la violencia no se repita.

Las primeras dos sentencias de la JEP no cierran la herida, pero abren una nueva página. En un país con venas abiertas desde hace más de cincuenta primaveras, quizá la sociedad aún no esté letanía para perdonar. Pero es innegable que se tráfico de un paso histórico. No es solo el vallado de un capítulo contencioso, sino el inicio de otro en la memoria y la paz de la nación. El combate ahora es que la razón transicional no se quede en el papel, sino que logre permear la vida cotidiana de las comunidades golpeadas por la eliminación.

Colombia sigue siendo un país atravesado por la desconfianza, la pobreza y la violencia. Pero con estas sentencias, al menos, se ha comenzado a escribir –dolorosamente, lentamente– una novelística distinta: la de un país que se atreve a confrontar su pasado para apañarse un futuro en paz. Al final, probablemente haya que aceptarlo como lo expresó el magistrado del caso de secuestros, Camilo Suárez Aldana: “esta sentencia no poso el sufrimiento, pero es un acto de registro. Es la voz que le dice a la sociedad colombiana y al mundo que lo ocurrido fue injustificable e inhumano. No es solo el vallado de un capítulo contencioso, sino que abre una nueva página para la memoria, la razón y la paz de nuestra nación”.